El presidente Abelardo de la Espriella se posesionó en Cali y anunció que despachará desde Barranquilla, Cali y Medellín, con presencia permanente en los diferentes municipios de nuestro amplio territorio. Leo en ese anuncio un interés genuino, que llega después de cuatro años en los cuales se desconoció a las autoridades locales, tomaron decisiones que las afectaron sin diálogo, y se trató a alcaldes y gobernadores como adversarios. Colombia no puede seguir diseñando sus políticas públicas desde Bogotá, como si los problemas, capacidades institucionales y prioridades fueran iguales en todos los territorios.
Gobernar desde las regiones es escuchar a alcaldes y gobernadores, pero también a empresarios, organizaciones sociales, universidades, jóvenes y comunidades. Es pasar de gobernar para los territorios a gobernar con los territorios. Las preguntas de fondo son cuáles competencias debe tener cada nivel de gobierno, quién responde por los resultados y cómo se generan incentivos para que los recursos produzcan valor público.
Lo primero que pedirán en cada región es presencia y recursos. Es legítimo. Hay territorios que llevan décadas esperando un acueducto o una vía terciaria. Pero esta nueva etapa puede plantear otra forma de entender la presencia del Estado. En un momento de estrechez fiscal, no se trata solo de llevar recursos, sino de dirigirlos donde generen mayor valor, fortalezcan capacidades y movilicen esfuerzos públicos, privados y comunitarios.
La descentralización colombiana avanzó en transferencia de recursos y responsabilidades, pero no en capacidades, información, gestión y rendición de cuentas. Existe una enorme asimetría territorial. No es razonable exigir lo mismo a una ciudad con equipos técnicos y finanzas robustas que a un municipio de sexta categoría que planea, contrata y reporta con tres profesionales de planta. Por eso propongo cinco decisiones.
La primera es diferenciar las competencias de acuerdo con las capacidades territoriales. La descentralización no puede continuar bajo el principio de una talla para todos. Se necesita una matriz que considere población, condiciones fiscales, ruralidad, dispersión geográfica, tejido social y empresarial. No se pueden descentralizar problemas, sin descentralizar herramientas para resolverlos.
La segunda es que la autonomía tenga consecuencia. Las competencias deberían ganarse por capacidad demostrada, con acompañamiento y plazos o devolverse al departamento o a la Nación cuando el servicio falla. Con reglas públicas, para que retomar una competencia sea una decisión técnica. Sin abandonar a los territorios más atrasados en capacidad de gestión.
La tercera es vincular los recursos a los resultados. Las transferencias deben garantizar equidad, pero también reconocer el esfuerzo y los avances de cada territorio. Quien mejora su gestión y genera mejores resultados debería tener mayores oportunidades para avanzar. Cuando quien decide el gasto no responde por el resultado, se debilitan los incentivos para la eficiencia.
La cuarta es crear un sistema territorial de transparencia y rendición de cuentas. Cada peso transferido debería permitir responder tres preguntas. Cuánto se recibió, en qué se gastó y qué cambió para la población. Esto exige información comparable e indicadores públicos. La transparencia debe permitir entender los resultados del gasto.
La quinta es incorporar la ciudadanía como parte de la gestión territorial. Se necesitan espacios permanentes en los que las prioridades de la población puedan incidir en las decisiones y en los que los ciudadanos puedan hacer seguimiento al gasto y evaluar sus resultados.
La verdadera descentralización empieza cuando las decisiones públicas se construyen desde la realidad de los territorios. Colombia es diversa y buena parte de las respuestas que necesita están en sus regiones, en manos de quienes las conocen y las viven. La decisión del Presidente de gobernar desde y con las regiones puede abrir una nueva etapa entre la Nación y los territorios, basada en la atención y comprensión más cercana de sus realidades y en una mayor confianza en sus capacidades.
Bienvenido el nuevo Gobierno y le deseo el mayor de los éxitos. Sus éxitos serán los del país. El desafío que asume no es menor. Construir capacidad institucional donde hoy no la hay, exigir una gestión responsable, reconocer a quienes logran resultados en el territorio y apoyo a los territorios más frágiles. Si algo ha de distinguir esta nueva etapa, que sea una pregunta distinta. Ya no cuánto se gastó, sino cuánto valor se creó para la gente.
*Exdirectora del ICBF
