Los consejeros de estado Juan Manuel Laverde y Juan Camilo Morales; Juan Antonio Barrero, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional; Floralba Padrón, directora del Instituto de Estudios Constitucionales; Carlos Arturo Ramírez, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; Fabián Enrique Salazar, conjuez de la Corte Constitucional y exmagistrado del Consejo de Estado; y Sandra Liseth Ibarra, exconsejera de Estado Magistrados, lideraron el conversatorio sobre independencia judicial.
La defensa de la independencia judicial, la necesidad de fortalecer la formación democrática de los ciudadanos y el compromiso de los jueces con decisiones claras y oportunas fueron algunas de las principales conclusiones que dejó el conversatorio «El asedio a la independencia judicial y el poder cautelar de los jueces ante los poderes salvajes de los populismos», desarrollado este miércoles en el marco del Tercer Congreso Regional de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que se realiza en el Centro de Convenciones del Hotel Estelar Santamar de Santa Marta.
Durante el panel, magistrados, académicos y expertos coincidieron en que la autonomía judicial constituye uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho y advirtieron sobre los desafíos que enfrentan los jueces ante la creciente presión política, mediática y social sobre sus decisiones.
El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Carlos Arturo Ramírez Vásquez, señaló que los jueces no son ajenos al contexto político del país, pero enfatizó que precisamente por esa razón la Rama Judicial debe contar con garantías que protejan su independencia.
«Estamos dentro de la estructura del poder como Rama Judicial y debemos tener un blindaje de autonomía e independencia al impartir nuestras decisiones», afirmó.
Ramírez explicó que el ejercicio judicial ha cambiado significativamente debido a la mayor exposición pública de los jueces, especialmente por el impacto de las redes sociales, donde las decisiones son objeto de permanente escrutinio ciudadano.
Por su parte, la directora del Instituto de Estudios Constitucionales, Floralba Padrón Pardo, sostuvo que la independencia judicial solo puede garantizarse mediante una verdadera autonomía institucional, libre de injerencias de las demás ramas del poder público.
Asimismo, resaltó que la legitimidad de la justicia también depende de la conducta ética de quienes la administran.
«La probidad no solo está en las decisiones, sino también en el comportamiento de los jueces. Esa es la mayor garantía de honorabilidad para la administración de justicia», expresó.
A su vez, el consejero de Estado, Juan Camilo Morales, advirtió que una de las mayores amenazas para la democracia es la falta de formación ciudadana.
A su juicio, fortalecer la educación en principios democráticos permitirá que la sociedad comprenda mejor el papel de la justicia y rechace propuestas que puedan afectar la independencia judicial.
«Las decisiones jurídicas deben acercarse al usuario de la administración de justicia. El lenguaje claro fortalece la confianza en las instituciones», indicó.
En esa misma línea, la exconsejera de Estado Sandra Lisset Ibarra Vélez destacó que los jueces deben comunicar sus decisiones con un lenguaje sencillo, evitando tecnicismos que dificulten la comprensión por parte de la ciudadanía.
«De nada sirve citar grandes autores si quien recibe la decisión no entiende el lenguaje jurídico. Debemos explicar con claridad cómo se garantizan los derechos y cómo se aplican los principios constitucionales», afirmó durante las conclusiones del panel.
LA AUTONOMÍA JUDICIAL
Otro de los temas abordados fue la estabilidad institucional de la justicia. El magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Juan Antonio Barrero, advirtió sobre los riesgos que representan las reformas que buscan modificar o debilitar las altas cortes y otras instituciones judiciales, señalando que preservar su autonomía es esencial para el equilibrio entre los poderes públicos.
A su vez, el conjuez de la Corte Constitucional, Fabián Enrique Salazar, defendió el uso responsable de las medidas cautelares, al señalar que cuando un juez suspende provisionalmente una norma adquiere también el deber de resolver con mayor celeridad el proceso para brindar seguridad jurídica a la sociedad.
El Tercer Congreso Regional de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa reúne en Santa Marta a magistrados, jueces, académicos y expertos nacionales para analizar los principales retos de la justicia administrativa en Colombia. La agenda académica continúa este 6 de agosto en el Centro de Convenciones del Hotel Estelar Santamar con nuevos paneles y conferencias sobre independencia judicial, derecho administrativo y fortalecimiento institucional.
