La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó al Estado garantizar los recursos necesarios para que no se interrumpan las labores forenses en La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín, donde continúan las excavaciones para localizar e identificar a víctimas de desaparición.
La decisión fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad durante una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que protegen la zona, realizada con participación de familiares de las víctimas y organizaciones que han acompañado durante años la búsqueda.
Entre las principales determinaciones, la JEP prorrogó por 12 meses la medida cautelar sobre La Escombrera y ordenó mantener cerrado y protegido el denominado polígono Nuevo.
Durante ese periodo, en el lugar no podrán adelantarse actividades diferentes a las labores autorizadas de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la jurisdicción.
La magistratura también aprobó el plan presentado por el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la UIA para avanzar hacia la fase 6 de intervención. El equipo deberá presentar un balance técnico y logístico en una mesa de seguimiento que será convocada dentro de los próximos 30 días.
Según explicó durante la diligencia el magistrado Gustavo Salazar, las labores deberán continuar de manera “diligente, rigurosa y exhaustiva”, tanto en los polígonos ya delimitados como en zonas cercanas que puedan ofrecer posibilidades de hallar a personas que permanecen desaparecidas.
La continuidad de las excavaciones quedó acompañada de una orden dirigida al Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unidad para las Víctimas (UARIV), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.
Estas entidades deberán coordinarse para gestionar, asignar y garantizar los recursos requeridos para las labores de búsqueda, recuperación e identificación, así como para los proyectos de memoria previstos en la zona.
La JEP fue enfática en que las dificultades presupuestales o administrativas no pueden detener las labores forenses. “Dicho proceso de intervención forense no puede ser interrumpido bajo ninguna circunstancia”, señaló el magistrado Salazar al comunicar las órdenes.
A su vez, la Sección aprobó la denominada Ruta de Memoria de la comuna 13 y ordenó a la Alcaldía de Medellín y a la Gobernación de Antioquia adelantar de inmediato los trámites administrativos, presupuestales y técnicos necesarios para ponerla en marcha.
También fue aprobada una propuesta de memorialización y monumentalización para La Escombrera, concebida como un espacio de reconocimiento de las víctimas y de la labor de las familias y mujeres buscadoras que han reclamado durante años la intervención del lugar.
Ante el próximo cambio de Gobierno, la JEP también ordenó a varias entidades nacionales entregar a quienes asuman los cargos los informes y obligaciones relacionadas con las medidas cautelares, con el propósito de evitar que el relevo de funcionarios afecte la continuidad de los proyectos.
/Colprensa
