La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación contra 27 antiguos comandantes de los bloques Sur y Oriental de las extintas Farc-EP, dentro de los macrocasos 10 y 11 que investigan crímenes cometidos por la extinta guerrilla y casos de violencia basada en género.
La decisión fue presentada tras una investigación que reconstruyó patrones de violencia cometidos durante el conflicto armado y analizó cerca de 10.000 expedientes provenientes de la Fiscalía General de la Nación.
Según las cifras expuestas por la jurisdicción, los expedientes recibidos de la justicia ordinaria contenían un universo provisional de 66.823 hechos. De estos, cerca del 98% no contaba con condena y el 90% permanecía en etapas preliminares de investigación.
Entre los 27 imputados están cuatro antiguos integrantes del último Secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como ‘Timochenko’; Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’; Jaime Alberto Parra, ‘El Médico’ o ‘Mauricio Jaramillo’, y Julián Gallo Cubillos, ‘Carlos Antonio Lozada’.
Esta es la primera imputación conjunta del caso 10 con el subcaso 01 del macrocaso 11, relacionada con hechos de violencia sexual cometidos contra civiles durante las acciones armadas y como mecanismo de control territorial.
La investigación tuvo en cuenta los testimonios y relatos de 2.436 víctimas acreditadas, casi 10.000 expedientes de la Fiscalía y 82 versiones colectivas e individuales de comparecientes.
La documentación oficial señala además que fueron examinados 146 informes de la sociedad civil y organizaciones de víctimas.
La Sala de Reconocimiento agrupó los hechos investigados en tres grandes patrones. El primero corresponde a la conducción de las hostilidades y comprende acciones que afectaron a civiles y miembros de la Fuerza Pública durante tomas guerrilleras, hostigamientos y combates.
Entre los episodios reconstruidos aparece la toma de Mitú, que dejó 56 muertos entre policías, militares y civiles.
El segundo patrón corresponde al control social y territorial ejercido por las Farc mediante reglas impuestas a las comunidades y castigos que incluyeron homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados.
La JEP documentó hechos relacionados con el cobro de extorsiones, represalias contra quienes se negaban al reclutamiento y ataques contra dirigentes sociales, políticos y comunidades.
La tercera modalidad identificada se concentró en las redes clandestinas que actuaban en zonas urbanas. En este apartado fueron incluidos atentados con explosivos como el cometido contra el Club El Nogal, en Bogotá, y la casa bomba de Neiva, además de asesinatos selectivos.
Dentro de ese análisis, la JEP abordó el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y de José del Cristo Huertas, ocurrido el 2 de noviembre de 1995. La jurisdicción concluyó que existen elementos para establecer que al menos dos de los sicarios que participaron en el crimen pertenecían a la red urbana de las Farc.
Para llegar a esa conclusión, la investigación contrastó, entre otros elementos, retratos hablados elaborados en la época, información relacionada con Juan Carlos Palacios y declaraciones entregadas en 1996 por un infiltrado de la Policía identificado con el código ‘Luna’.
Sin embargo, la JEP mantiene interrogantes sobre los móviles del magnicidio y la Fiscalía conserva la competencia para investigar la eventual participación de personas que no están sometidas a la justicia transicional.
/Colprensa
