El anuncio de un sentido de fallo condenatorio contra Carlos Eduardo Caicedo Omar motivó un pronunciamiento de la diputada del Magdalena, Rosita Jiménez Rodríguez, quien se refirió a la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por la independencia de la Rama Judicial.
La diputada publicó su posición a través de su cuenta en X, donde señaló que la decisión judicial representa un momento para reflexionar sobre la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas y administran recursos del Estado.
Según manifestó, más allá de los nombres propios y de las diferencias políticas, el ejercicio de la función pública debe estar fundamentado en el cumplimiento de la ley, la transparencia y la responsabilidad frente a las decisiones que afectan a las comunidades.
“Hoy el país presencia una decisión judicial de enorme trascendencia: una juez ha anunciado un sentido de fallo condenatorio contra Carlos Eduardo Caicedo Omar, dentro de un proceso relacionado con la contratación pública durante su administración en Santa Marta”, expresó la diputada.
Jiménez Rodríguez indicó que las obras públicas tienen un impacto directo en la ciudadanía, debido a que están relacionadas con necesidades y derechos de las comunidades. En ese sentido, señaló que los procesos de contratación deben cumplir los principios establecidos para garantizar que los proyectos respondan a los objetivos para los cuales fueron planteados.
“Las obras públicas no son simples contratos. Detrás de cada puesto de salud, de cada colegio, de cada biblioteca o de cada proyecto de infraestructura, existen derechos, necesidades y expectativas de miles de familias”, afirmó.
La diputada también se refirió al papel del control político y sostuvo que este debe ejercerse como un mecanismo institucional para vigilar la administración de los recursos públicos y exigir planeación, eficiencia y resultados.
“Como diputada del Magdalena, siempre he defendido que el control político no puede entenderse como persecución ni como confrontación personal. Es un deber constitucional para vigilar la correcta administración de los recursos públicos, exigir planeación, eficiencia y resultados, sin importar quién gobierne o a qué sector político pertenezca”, señaló.
En su publicación, Jiménez Rodríguez destacó la necesidad de respetar la independencia de la Rama Judicial y de permitir que las autoridades competentes desarrollen sus funciones dentro del marco legal.
“La confianza de los ciudadanos en las instituciones se fortalece cuando la justicia actúa con independencia, cuando los organismos de control cumplen su función y cuando quienes ejercemos cargos públicos entendemos que la rendición de cuentas no es una opción, sino una obligación”, manifestó.
Finalmente, la diputada sostuvo que el manejo de los recursos públicos implica responsabilidades legales y éticas, y señaló que quienes ejercen cargos públicos deben garantizar una administración transparente y ajustada a las normas.
“El verdadero compromiso con el servicio público consiste en comprender que cada peso del presupuesto representa el esfuerzo de todos y que administrarlo con integridad es un deber ético, legal y moral”, concluyó.
