El presidente electo Abelardo De La Espriella, mediante el Comunicado 201 del 26 de julio de 2026, reafirmó su compromiso con la transparencia y protección de los recursos destinados a la construcción de una planta desalinizadora de Santa Marta para atender la falta de agua potable en la capital del Magdalena.
Confirmó que solicitó a la Procuraduría General de la Nación ejercer intervención preventiva sobre el proceso contractual que compromete $786.000 millones para la construcción y puesta en funcionamiento de una solución de abastecimiento de agua potable mediante desalinización en Santa Marta.
La petición fue presentada por los integrantes de la nueva administración tras identificar inconsistencias en la planeación, el sustento presupuestal y los términos de competencia del proceso de contratación, a solo 9 días de que Gustavo Petro entregue el Ejecutivo.
A través del comunicado en referencia emitido por su equipo de comunicaciones, la comisión de empalme confirmó las acciones adelantadas ante el órgano de control para evaluar el manejo de los fondos del proyecto: “La solicitud, presentada por su coordinador, Germán Calderón España, advierte posibles riesgos relacionados con la planeación, el respaldo presupuestal, la estructuración de los requisitos técnicos y financieros, la libre concurrencia y la transparencia del proceso”.
Entre los elementos puestos a consideración del ente de control se encuentra un cambio en las especificaciones formuladas para la solución del desabastecimiento hídrico en la ciudad. La propuesta inicial contemplaba la construcción de dos plantas de tratamiento, pero en el desarrollo del proceso contractual los pliegos sufrieron modificaciones de estructura.
El equipo auditor solicitó un análisis sobre la publicación de documentos efectuada por la administración saliente en las fechas previas al cierre del periodo de gobierno.
Por eso, la comunicación ante la Procuraduría pide de manera específica “verificar la modificación del proyecto inicialmente concebido para dos plantas desalinizadoras y la trazabilidad de los documentos publicados durante los últimos días del Gobierno saliente”.
La postura de la nueva jefatura de Estado, que se posesionará el 7 de agosto, frente a este proceso se enfoca en la fiscalización de las contrataciones en las regiones de la nación.
“El Gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella defenderá cada peso destinado a garantizar el acceso al agua. En la Patria Milagro, las grandes obras responderán a las necesidades de las comunidades y no a los afanes políticos de quienes están próximos a abandonar el poder”, expresa.
La obra que prometía acabar con la crisis del agua terminó bajo la lupa de la nueva administración
Con una inversión de $786.000 millones, el Gobierno nacional y las autoridades locales pusieron en marcha uno de los proyectos de infraestructura hídrica más ambiciosos para Santa Marta: la construcción de dos plantas desalinizadoras con las que se busca enfrentar el histórico desabastecimiento de agua potable que ha afectado a la capital del Magdalena durante décadas.
Los recursos fueron garantizados mediante la aprobación del Documento CONPES 4159 de 2025 (que tendrá vigencia entre 2026 y 2030), que declaró la iniciativa como un Proyecto Estratégico de la Nación, lo que aseguró su financiación y dio vía libre a la ejecución de las obras.
