La Contraloría General envió un equipo de Policía Judicial al Ministerio de Hacienda para adelantar la inspección que verifique la información relacionada con el aumento de la contratación estatal registrado tras el levantamiento de la Ley de Garantías.
La visita ocurre después de que la Contraloría advirtiera que entre la finalización de la vigencia de la ley y el 21 de julio se firmaron 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones.
«Esta situación demanda un seguimiento permanente para verificar que las obligaciones asumidas correspondan a una adecuada planeación financiera y presupuestal, junto con la real capacidad de ejecución y supervisión, durante los cinco meses restantes de la vigencia fiscal», indicó la entidad en la función de advertencia enviada previamente.
De acuerdo con las cifras presentadas por la entidad, ese volumen de contratación representa un aumento del 22,5% frente al mismo periodo de 2022, al cierre del gobierno de Iván Duque. Además, cerca de 11.000 contratos fueron adjudicados de manera directa.
La Contraloría señaló que este comportamiento requiere un seguimiento permanente para establecer si las entidades cuentan con la capacidad financiera y administrativa para cumplir los compromisos adquiridos durante los meses restantes de la vigencia fiscal.
Entre los riesgos identificados por el organismo de control figuran posibles deficiencias en la planeación financiera, la concentración de contratos y dificultades para ejercer una supervisión efectiva sobre su ejecución.
Por ahora, se espera que, una vez concluya la revisión de la información recopilada en el Ministerio de Hacienda, el organismo dé a conocer sus hallazgos o las medidas que eventualmente adopte.
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