Juliana Guerrero renunció de manera irrevocable a su cargo como delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar. La noticia se conoce días después de que se conocerían las denuncias sobre un posible direccionamiento ilegal de contratos en entidades clave del Gobierno a cambio del pago de coimas.
En ese sentido aseguró que dedicada su tiempo a defenderse de las acusaciones que pesan en su contra.
«Enfrentaré esas investigaciones antes las autoridades competentes y dentro del marco institucional, comparece de manera personal y atenderé cada citación que se me formule», aseguró.
Las denuncias fueron reveladas por la Revista Semana, que, con base en consignaciones y mensajes, mostró cómo supuestamente se fijaban tarifas y se cobraba una comisión del 10 % sobre el valor final de los contratos, por la gestión e intermediación con altos funcionarios del Gobierno.
También habrían comprado un anticipo de $200 millones una vez se concretara el encuentro inicial.
La investigación iniciará con labores de policía judicial, para ser trasladada a la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Ante las denuncias, Juliana Guerrero se pronunció a través de su defensa, la firma Álzate Hernández.
“Quiero ser enfática en desmentir cualquier insinuación que pretenda ahora vincularme con actuaciones irregulares. Nunca me he reunido con contratistas, intermediarios o personas que se presentan como supuestos ‘empresarios’ para gestionar contratos, influir en decisiones administrativas o participar en actividades al margen de la ley”, dice el comunicado.
Aseguró que jamás ha recibido dinero, comisiones o cualquier otro beneficio económico relacionado con aparentes gestiones ante el sector público.
Guerrero enfrenta otra investigación en su contra por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo con la investigación, la mujer habría obtenido títulos profesionales de contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, pese a que no habría completado el plan de estudios ni otras exigencias formales.
El ente acusador indicó que para respaldar esta certificación se habrían incorporado datos falsos relacionados con pruebas de Estado, registros académicos y asistencia a clases.
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