La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para determinar los posibles delitos en los que habrían incurrido las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, tras la publicación de la revista Semana, que reveló chats, consignaciones y audios en los que se evidenciaría un posible direccionamiento ilegal de contratos en entidades clave del Gobierno a cambio del pago de coimas.
Semana reveló pruebas de una presunta red de corrupción en la que, supuestamente, se fijaban tarifas y se cobraba una comisión del 10 % sobre el valor final de los contratos por las gestiones y la intermediación de las hermanas Guerrero con altos funcionarios del Gobierno para direccionarlos de manera ilegal.
Además, se cobraría un anticipo de $200 millones una vez se concretara el encuentro inicial. El esquema también contemplaría un cobro inicial de $1 millón por la primera cita de contacto.
Juliana Guerrero rompió el silencio.
OTROS PROCESOS
Juliana Guerrero enfrenta otro proceso penal. Fue llamada a juicio por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público por, presuntamente, haber falsificado el título universitario de contadora pública con el que buscaba llegar al Viceministerio de la Juventud. Por ese caso podría ser condenada, según el Código Penal, a entre seis y 12 años de prisión.
Por el más reciente escándalo, sin embargo, las penas podrían superar los 20 años de cárcel. Así lo sostuvo el penalista Fabio Humar, quien señaló que, de acreditarse los hechos revelados en las pruebas conocidas, Guerrero podría enfrentar delitos como tráfico de influencias y conductas contra la contratación pública, que contemplan sanciones de esa magnitud, precisamente por su gravedad y su efecto ejemplarizante.
«Podrían configurarse los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y estafa», le dijo a este diario el exfiscal general Francisco Barbosa.
También sostuvo que existe otro componente que la Fiscalía debería investigar: promover acciones de extinción de dominio para establecer si existen bienes a nombre de las implicadas o de posibles testaferros y verificar si fueron adquiridos con recursos provenientes de las rentas ilícitas de la presunta red de corrupción.
«Ese debe ser el criterio que debería regir para todos los funcionarios del gobierno Petro que enfrenten señalamientos de este tipo», agregó el exfiscal.
¿El presidente Gustavo Petro sabía?
Uno de los interrogantes del caso, tras la respuesta del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, es si conocía de los ofrecimientos ilegales de empresarios y contratistas a las hermanas Guerrero para adjudicar convenios.
“Las pruebas que aquí se indican reflejan que los llamados empresarios se pusieron furiosos y, a lo mejor, entregaron los chats porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo actuábamos por presiones de mujeres o por codicia”, dijo el primer mandatario en la red social.
Además, aseguró que “el cometido de los empresarios no se cumplió porque mi Gobierno ha construido barreras contra la corrupción. Espero que fuertes”.
Sobre esas declaraciones, el abogado penalista Francisco Bernate sostuvo que, si el Presidente o cualquier funcionario público tiene conocimiento de hechos que podrían constituir un delito, está obligado a denunciarlos.
“Si el Presidente o un funcionario público tiene conocimiento de hechos que pueden constituir un delito, tiene el deber de denunciarlos. De no hacerlo, incurre en un delito que se llama abuso de autoridad por omisión, que no tiene pena de prisión, sino que la sanción es la pérdida del cargo”, afirmó Bernate.
