A través del Decreto 0802 de 2026 publicado el 23 de julio de 2026, el Gobierno Nacional declaró la situación de desastre nacional, por el riesgo inminente derivado del fenómeno de El Niño en Colombia.
Se trata de una medida con vigencia de 12 meses que, como se había anunciado esta semana, busca posibilitar el traslado de recursos y tomar disposiciones especiales para anticiparse a los efectos producidos por el fenómeno climático y reducir el riesgo al que pueda estar expuesto el país.
El Gobierno sustenta la decisión en información técnica que apunta a que, durante el segundo semestre del 2026 y el primer trimestre del 2027, es altamente probable que las condiciones climáticas asociadas al fenómeno tomen fuerza y deriven en efectos nocivos sobre el abastecimiento de agua, alimentos, energía, y otros elementos esenciales.
Ante este panorama, el Gobierno se ampara en la obligación social del Estado de proteger la vida y salud de las personas, garantizar el acceso efectivo y continuo a los servicios básicos, y también de encargarse de la gestión del riesgo de desastres para hacer uso de la figura de desastre nacional, en aras de atender la inminente emergencia.
Además, se argumenta a partir de la información técnica suministrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que ha advertido que ya se están presenciando condiciones del fenómeno de El Niño tanto en el océano como en la atmósfera, con alta probabilidad de que evolucione hacia un estado “muy fuerte”.
“declárese una situación de desastre de carácter nacional ante el riesgo inminente, expresado en impactos, daños y pérdidas, asociado a la ocurrencia y desarrollo del Fenómeno del Niño en todo el territorio nacional, por un término de doce (12) meses”, dice el decreto publicado por la PresIdencia.
Riesgo para el sistema eléctrico
Uno de los principales argumentos del Gobierno es la posibilidad de que el fenómeno afecte el suministro de energía en el país.
“La evidencia científica disponible muestra que, de no adoptarse medidas extraordinarias de gestión del riesgo, la evolución esperada del fenómeno de El Niño puede derivar en interrupciones graves y prolongadas de la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica”, indica el acto administrativo.
Cabe resaltar que con la declaratoria, se permitirá que las entidades nacionales, territoriales, públicas, privadas y comunitarias adopten medidas técnicas, administrativas y presupuestales bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Cinco líneas estratégicas
El decreto establece que el plan deberá incluir, como mínimo, cinco frentes de acción:
Abastecimiento, uso eficiente y ahorro del agua, mediante plantas desalinizadoras, captación de aguas lluvias, rehabilitación de pozos, protección de fuentes hídricas y ampliación del almacenamiento.
Seguridad alimentaria, con apoyo a pequeños y medianos productores, acceso al agua para la producción agrícola, subsidios a fertilizantes e insumos y medidas para evitar pérdidas de cosechas.
Transición energética, priorizando la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en hogares de estratos 1, 2 y 3 y en zonas rurales.
Salud pública, reforzando la vigilancia epidemiológica, garantizando el funcionamiento de los servicios de salud durante eventuales racionamientos y fortaleciendo las campañas de vacunación y atención preventiva.
Prevención y atención de incendios forestales y protección ambiental, fortaleciendo la capacidad operativa de los cuerpos de bomberos y demás entidades encargadas de responder a estas emergencias.
Recursos y nueva subcuenta
Por último, el decreto también ordena al Ministerio de Hacienda garantizar recursos suficientes para financiar las acciones contempladas en el plan de recuperación a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Como mecanismo financiero, se creará una subcuenta temporal denominada “Fenómeno del Niño 2026-2027”, con el propósito de administrar de manera independiente los recursos destinados a atender la emergencia y facilitar la financiación de las medidas contempladas en la declaratoria.
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