El Gobierno nacional entregó a la bancada del Pacto Histórico en el Congreso el proyecto de Reforma Integral a la Ley 30 de 1992, con el que propone actualizar el marco que ha orientado la educación superior durante más de tres décadas.
El Ministerio de Educación aseguró que esta reforma propone un nuevo modelo de educación superior que reconoce este nivel educativo como un derecho y un bien común; fortalece la educación superior pública con una financiación sostenible; amplía las oportunidades de acceso, permanencia y graduación.
Entre las principales medidas del proyecto se encuentra la obligatoriedad de que los aportes a las universidades públicas crecerán cada año en un porcentaje no inferior al 70 % del incremento real del PIB; además, también establece un incremento progresivamente del 2 % al 5 % del presupuesto obligatorio para el bienestar universitario.
Otra de las medidas establece que las instituciones públicas deberán destinar como mínimo el 10 % de su presupuesto a investigación, innovación y producción de conocimiento.
«Entregamos a la bancada del Pacto Histórico la continuidad de un trabajo que no nos pertenece a unos pocos, que es el fruto de un gobierno que decidió ver a la juventud como aliada y no como su enemiga y que junto a ella, logró avances históricos en materia de educación”, indicó el ministro de Educación, Daniel Rojas.
“La lucha sigue y se traslada al Congreso y como es natural, a una juventud organizada que siga defendiendo este camino. Cuentan conmigo para seguir respaldando la educación pública y a este proyecto de ley que traza la ruta para que la educación sea, de una vez por todas, un derecho fundamental», añadió Rojas.
Además, su construcción incorporó los aportes de estudiantes, docentes, rectores, trabajadores, organizaciones académicas y actores territoriales, recogidos en un amplio proceso de diálogo promovido por el Gobierno nacional.
Finalmente, el ministro de Educación detalló que el proyecto también fortalece el bienestar universitario, redefine el papel del ICFES como entidad técnica para el seguimiento y evaluación del sistema de educación superior y reorienta el ICETEX para priorizar el acceso a estudios de posgrado y formación en el exterior mediante esquemas de financiación con enfoque redistributivo.
