El gobierno electo del presidente Abelardo de la Espriella solicitó la intervención de la Procuraduría para que vigile y eventualmente anule los contratos que se están firmando en la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Calificaron como «urgente e indispensable» que el ministerio público inicie la vigilancia a varios procesos de esa entidad, «al considerar que involucran asuntos de la más alta sensibilidad para la seguridad del Estado, la protección de los derechos fundamentales y la correcta administración de los recursos públicos».
La principal preocupación del Gobierno electo se centra en el proceso de Selección Abreviada PSAUNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los $78.000 millones, mediante el cual se contratará la prestación del servicio de escoltas para las zonas de protección que incluyen al Presidente de la República y a los miembros del nuevo gabinete ministerial.
Advirtieron que la adjudicación de este contrato está prevista que se resuelva antes del 7 de agosto, lo que impide que la administración del gobierno de la Espriella revise los perfiles, la experiencia y la idoneidad de quienes serán los responsables de la protección inmediata del nuevo jefe de Estado y de sus ministros.
«El Gobierno electo solicitó a la Procuraduría asumir vigilancia preventiva sobre el proceso, requerir el expediente contractual y evaluar la conveniencia de recomendar o solicitar su suspensión preventiva hasta que el nuevo Gobierno pueda revisar la necesidad, oportunidad y conveniencia de la contratación», señalaron.
Asimismo, advierten que también tienen las dudas sobre otro proceso contractual en la UNP que busca proveer más de 5.100 cargos de Oficiales de Protección en provisionalidad, pese a que únicamente cerca de 900 vacantes fueron convocadas mediante concurso de méritos.
El presidente electo ordenó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo solicitar vigilancia preventiva sobre el proceso contractual SC-UNP-050-2026, mediante el cual la Unidad Nacional de Protección busca adquirir 188 botes y 264 motores fuera de borda, destinados a 29 municipios de nueve departamentos del país.
En la petición, enviada al Procurador Gregorio Eljach, se solicita revisar aspectos relacionados con la planeación del proceso, los tiempos de ejecución, las especificaciones técnicas de las embarcaciones, el cumplimiento de las normas de seguridad y la garantía de pluralidad de oferentes, con el propósito de asegurar una contratación transparente y plenamente ajustada a la normatividad vigente.
Además, también se solicita ejercer vigilancia preventiva sobre seis procesos de contratación iniciados durante julio de 2026 para la adquisición de bienes destinados al cumplimiento de medidas colectivas de protección en favor de resguardos indígenas.
Para el gobierno entrante está la alerta de que el gobierno saliente deje amarrados estos contratos sin poder verificar antes si las necesidades que dieron origen a cada contratación se encuentran debidamente sustentadas y si existían condiciones para consolidarlas en un solo procedimiento contractual que permitiera una mayor eficiencia administrativa, economías de escala y una mejor utilización de los recursos públicos.
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