El Gobierno expidió el Decreto 0742 de 2026, mediante el cual se reglamenta por primera vez el cierre de minas en Colombia.
La nueva normativa establece un marco integral para que toda actividad minera concluya bajo criterios de sostenibilidad ambiental, protección de los derechos laborales, responsabilidad financiera y participación de las comunidades.
El Ministerio de Ambiente detalló que con esta nueva medida busca incorporar el cierre minero como una etapa obligatoria del ciclo de vida de los proyectos, definiendo medidas administrativas, técnicas, sociales, laborales, ambientales y financieras que deberán implementarse desde la fase de explotación hasta el seguimiento posterior al cierre.
“Con este decreto Colombia salda una deuda histórica con el país. El cierre de una mina se convierte en una responsabilidad integral con los trabajadores, las comunidades y los territorios. La transición energética justa también significa garantizar que ningún proyecto abandone pasivos ambientales o sociales, sino que deje oportunidades para el desarrollo sostenible”, afirmó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.
La nueva normativa incorpora medidas para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores, a través de planes de transición laboral, procesos de concertación con organizaciones sindicales, programas de reconversión productiva, capacitación con el SENA y mecanismos para garantizar el pago de obligaciones laborales y de seguridad social durante los procesos de cierre.
“Por primera vez una reglamentación de cierre minero incorpora de manera expresa la protección de los derechos laborales. Garantizamos mecanismos de transición laboral, reconversión productiva, acompañamiento institucional y vigilancia para que las y los trabajadores sean protagonistas de una transición justa y no las principales víctimas del cierre de una operación minera”, afirmó Antonio Sanguino, ministro del Trabajo.
Por su parte, la Ministra de Ambiente destacó que ahora las áreas donde finalice la actividad minera podrán destinarse a proyectos de restauración ecológica, conservación de la biodiversidad, producción agropecuaria sostenible, generación de energías renovables, turismo, infraestructura comunitaria y otras actividades compatibles con el desarrollo territorial.
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