24 años después, el Estado colombiano se inclinará ante las víctimas. El Comité Ampliado por los Derechos de las Víctimas de Bojayá y Vigía del Fuerte anunció que mañana se llevará a cabo el «acto público de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de excusas públicas» por parte del Estado, en relación con la omisión estatal frente a los hechos de 2002 y otras violaciones de derechos humanos que afectaron a estas comunidades del Chocó.
La Masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002, cobró la vida de 79 personas —entre ellas 45 niños— cuando un cilindro bomba lanzado por miembros de las Farc en medio de combates con paramilitares explotó en el interior de la iglesia del municipio. El acto de mañana representa un paso en el cumplimiento de las obligaciones del Estado con las víctimas, en el marco de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
«Su realización es el resultado de un largo proceso de exigencia, resistencia y búsqueda de dignidad liderado por las víctimas y sus organizaciones», señaló el Comité en un comunicado. La jornada contará con la presencia de representantes de instituciones estatales, organismos de la comunidad internacional, organizaciones acompañantes, autoridades étnicas y territoriales, así como de las víctimas y sus familias.
Sin embargo, el Comité advirtió que el acto no marca el final de las deudas del Estado. «Reiteramos que este Acto no constituye el punto final de las obligaciones estatales. Las excusas públicas deben estar acompañadas de acciones concretas, efectivas y sostenibles que garanticen el cumplimiento integral de las medidas de reparación, el fortalecimiento de las condiciones de vida de las comunidades y la no repetición de las violencias que marcaron nuestra historia», precisó el comunicado.
El Comité invitó a los medios de comunicación, organizaciones sociales, la comunidad internacional y la sociedad colombiana a acompañar «este momento histórico con respeto, sensibilidad y compromiso con la memoria de las víctimas». «La memoria dignifica, la verdad fortalece la democracia y el reconocimiento de las responsabilidades constituye un paso necesario hacia la construcción de una paz con justicia y garantías para las generaciones presentes y futuras», concluyó el texto.
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