Por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato para la adquisición de drones para la Policía, por un valor superior a los $3.700 millones, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria.
La investigación cobija al director general del Fondo Rotatorio de la Policía, coronel (RP) Didier Alberto Estrada Álvarez; la coordinadora del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA); capitán Alhejandra Sepúlveda Figueroa, y al intendente Ismael de Aguas Boea y el mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quienes ejercieron como verificador de información del organismo y supervisor del contrato.
La Procuraduría busca determinar si se presentaron deficiencias en la formulación de los factores de selección del contratista y hubo una deficiente vigilancia y control del contrato.
El proceso estaba orientado a la adquisición de sistemas aéreos remotamente tripulados SIART para la Policía, conocidos como drones, pero terminó siendo incumplido.
/Colprensa.
