La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 014 de 2026 para advertir sobre un escenario de riesgo extremo en la zona rural de Sitionuevo, Magdalena, e hizo un llamado urgente a las autoridades para proteger la vida y la seguridad de las comunidades.
La alerta focaliza la atención en los centros poblados palafíticos de Nueva Venecia y Buenavista, el corregimiento de Palermo y varias veredas del municipio, ubicadas en el complejo de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
Según la Defensoría, el riesgo obedece a “la expansión territorial y la proximidad operativa de los grupos armados ilegales autodenominado EGC, que avanza desde el Atlántico, y autodenominadas ACSN, que mantienen presencia consolidada desde la vertiente occidental de la Sierra Nevada hacia la amplia zona del complejo cenagoso”.
La entidad también advirtió que a este panorama “se suma la reactivación de ‘Los Carperos’ en Palermo, grupo criminal que podría ser cooptado por alguno de los dos grupos para fortalecer su accionar, lo cual podría agudizar hechos de violencia”.
Como contexto, la Defensoría recordó que Sitionuevo es un territorio estratégico por conectar la Sierra Nevada de Santa Marta, el río Magdalena y el mar Caribe, condición que facilita el desarrollo de economías ilícitas y el tránsito de estupefacientes.
La entidad aseguró que durante este año ha documentado homicidios con sevicia, desapariciones forzadas y ataques armados en la zona. Además, expresó su preocupación por la reciente masacre ocurrida en el corregimiento de Palmira, en Puebloviejo, donde varias de las víctimas eran oriundas de Nueva Venecia, hecho que, según indicó, “evidencia la interconexión de la violencia en el complejo lagunar”.
En la alerta, la Defensoría advirtió que, “de no haber intervención estatal, se prevé un incremento de masacres, desplazamientos forzados y confinamientos”.
Asimismo, señaló que los grupos armados ilegales ejercen una fuerte gobernanza sobre la población mediante la imposición de normas de comportamiento, restricciones a la movilidad fluvial, reuniones coercitivas y extorsiones contra pescadores, comerciantes y operadores turísticos. También indicó que ha identificado “el uso sofisticado de tecnologías como drones para el control territorial y la utilización forzada de la población local para actividades logísticas armadas”.
LAS COMUNIDADES
La entidad agregó que estas acciones han afectado el sustento de las comunidades, debido a la expulsión de pescadores de sus zonas tradicionales y la prohibición de acceder a cuerpos de agua estratégicos, lo que impacta la seguridad alimentaria de la población.
La Defensoría advirtió que el riesgo es especialmente alto para niñas, niños, adolescentes y jóvenes por posibles casos de vinculación forzada a grupos armados, así como para líderes sociales y comunales que han sido objeto de amenazas y señalamientos.
Frente a este panorama, formuló 15 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y territoriales, entre ellas el Ministerio del Interior, la Armada Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Unidad Nacional de Protección, con el fin de fortalecer las acciones de prevención, protección e investigación.
LOCALIDADES AFECTADAS
La alerta temprana focaliza la atención en los centros poblados palafíticos Nueva Venecia y Buenavista, el corregimiento Palermo (incluyendo sus caseríos La Canchera, CanÞo Clariìn y Villa Clariìn) y las veredas San Antonio, Carmona y La Trinidad.
A lo que está ocurriendo se suma la reactivacioìn de ‘Los Carperos’ en Palermo, grupo criminal que podriìa ser cooptado por alguno de los dos grupos para fortalecer su accionar, lo cual podriìa agudizar hechos de violencia.
Sitionuevo es considerado un sitio estratégico que articula la Sierra Nevada de Santa Marta, el río Magdalena y el mar Caribe, facilitando el desarrollo de economías ilícitas y el tránsito de estupefacientes.
ANTECEDENTES DE VIOLENCIA
La Defensoría alerta sobre la materialización de graves consecuencias humanitarias en el territorio, pues este año ha documentado homicidios con sevicia, desapariciones forzadas y ataques armados. Especial preocupación le genera la reciente masacre ocurrida en el corregimiento Palmira (de Puebloviejo, Magdalena), donde varias de las víctimas eran oriundas de Nueva Venecia, lo que evidencia la interconexión de la violencia en el complejo lagunar.
De no haber intervención estatal, se prevé un incremento de masacres, desplazamientos forzados y confinamientos.
IMPOSICIÓN DE NORMAS
Los grupos armados ilegales están ejerciendo una fuerte gobernanza armada sobre la población civil. Esto se manifiesta mediante la imposición de normas de comportamiento, restricciones a la movilidad fluvial, la realización de reuniones coercitivas y la exigencia sistemática de extorsiones a pescadores, mujeres y hombres comerciantes y personas operadoras turísticas. Incluso, la Defensoría, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, ha identificado el uso sofisticado de tecnologías como drones para el control territorial y la utilización forzada de la población local para actividades logísticas armadas.
Adicionalmente, ha documentado graves afectaciones al mínimo vital de las comunidades, pues los actores armados ilegales han expulsado a pescadores de sus zonas tradicionales de faena y prohibido el acceso a cuerpos de agua estratégicos, impactando directamente la seguridad alimentaria de la cultura anfibia. Asimismo, la instrumentalización de infraestructuras comunitarias para el almacenamiento de armas y expendio de estupefacientes debilita el tejido social.
URGEN ACCIONES
Ante este panorama de riesgo inminente, la Defensoría del Pueblo pidió del Ministerio del Interior [con la participación de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat)] coordinar la respuesta rápida, la Armada Nacional y la Policía Nacional para aumentar las acciones de disuasión en corredores fluviales y lagunares, y la Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de homicidios.
Las recomendaciones también están dirigidas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el propósito de que activen rutas de prevención y protección diferencial.
El Estado debe actuar bajo un enfoque de seguridad humana para salvaguardar la vida y la integridad de los habitantes de Sitionuevo.
