El Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta admitió y dio trámite a la solicitud de medidas cautelares preventivas presentada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para proteger a cuatro asentamientos indígenas arhuacos del municipio de Aracataca, afectados por las confrontaciones armadas registradas en marzo de 2026.
La solicitud busca proteger a las comunidades de Seynurwa, Duanawimaku, Serankwa y Jechikin, ubicadas en el corregimiento de Cerro Azul, donde los enfrentamientos armados ocasionaron personas heridas, restricciones a la movilidad, confinamiento y desplazamiento forzado de familias indígenas.
De acuerdo con la Unidad de Restitución de Tierras, las afectaciones ocurrieron durante los combates y disputas por el control territorial entre los grupos armados denominados Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, situación que impactó tanto a las comunidades como a su territorio ancestral y a sus sitios de especial importancia cultural.
José Humberto Torres, director territorial de la URT en Magdalena, explicó que la entidad presentó la solicitud como parte del proceso de caracterización territorial que adelanta con las comunidades arhuacas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Señaló que el objetivo es proteger la vida e integridad de la población, así como preservar el territorio y los sitios sagrados mientras avanza el proceso judicial.
«Nosotros como URT, dado que hemos venido trabajando con comunidades arhuacas en una caracterización de su territorio, solicitamos a los jueces especializados la adopción de medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad de la comunidad, así como el territorio y los sitios sagrados», manifestó el funcionario.
Órdenes del juzgado
Dentro del trámite judicial fueron presentadas 35 solicitudes de medidas cautelares dirigidas a diferentes entidades del Estado. Entre ellas se encuentran la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Unidad para las Víctimas (UARIV), a las que se les solicitó realizar la valoración del nivel de riesgo de los integrantes de las comunidades y definir las medidas de protección que correspondan para líderes, autoridades y demás miembros de los asentamientos indígenas.
El Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta también ordenó solicitar información y vincular a entidades del orden nacional, departamental y municipal para verificar las afectaciones denunciadas por las comunidades. Con estos elementos, el despacho evaluará la procedencia de las medidas preventivas solicitadas para proteger los derechos territoriales y colectivos del pueblo Arhuaco.
Asimismo, requirió a la Unidad de Restitución de Tierras informar cuántas familias permanecen en condición de desplazamiento o confinamiento y precisar su ubicación actual. Esta información hará parte del material probatorio que será analizado antes de adoptar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares.
Demandas de restitución
La Unidad de Restitución de Tierras informó además que radicó dos nuevas demandas de restitución de derechos territoriales en favor del pueblo Arhuaco. Estas acciones beneficiarían a cerca de 150 familias de los asentamientos Seynurwa y Singuney, ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Según la entidad, las demandas buscan el restablecimiento de más de 16.000 hectáreas de territorio ancestral. Con estas actuaciones, la Dirección Territorial Magdalena y Atlántico de la URT completa 12 demandas presentadas desde la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas en favor de comunidades indígenas y afrodescendientes de la región.
