Se cumple con ello la advertencia realizada en su campaña de poner fin a la llamada “paz total”, política equivocada del gobierno saliente; además, contraría a la Constitución.
Por supuesto, que la paz entre los colombianos es un fin esencial del Estado, señalado expresamente en el artículo segundo de nuestra Constitución cuando advierte el deber “de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. Luego, el artículo 22 agrega señalando: “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y concluye el 95, como deber ciudadano, “propender al logro y mantenimiento de la paz”.
Bajo este pretexto, el gobierno Petro adelantó seis procesos de conversaciones con las disidencias de alias ‘Calarcá’, el Clan del Golfo, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y tres con bandas urbanas de Medellín, Barranquilla y Buenaventura; ninguno de ellos con connotación política.
Las leyes de orden público han establecido los mecanismos para llegar a las negociaciones de paz, incluyendo el levantamiento de las órdenes de captura y la designación de “gestores de paz” a fin de buscar la desmovilización y los avances de estos procesos, todo dentro del marco de una negociación. Pero utilizar estos instrumentos fuera de reales procesos de paz, no deja de ser un abuso con protervas intenciones, que distan de los propósitos constitucionales.
Son dos escenarios diferentes. Una cosa será buscar la paz con grupos alzados en armas, que todavía conservan una difusa connotación política, para lo cual existe todo un marco constitucional y legal, además, de una experiencia de anteriores procesos de paz, como sería el Eln, o de pronto las disidencias de las Farc. Para ello hay un marco jurídico recientemente renovado, por la ley 2272 del 2022, que en su artículo 5º permite nombrar voceros de paz y se puede solicitar la suspensión de las órdenes de captura, para que los designados puedan participar en los diálogos y en las mesas de negociación. Lo difícil sería encontrar un grupo cuyos propósitos mantengan estas connotaciones políticas; no basta con ponerse un uniforme del ejército, con emblemas de la patria.
Pero si se trata de buscar la paz con grupos delincuenciales, sin connotación política, que se encuentran vinculados al narcotráfico y otra serie de delitos comunes, la vía no puede ser la de un proceso de paz; se requiere de una política de sometimiento, como en el pasado se hizo con la mafia, seguramente dando algunas prerrogativas, que no pueden ser ni el indulto ni la amnistía, pues no se trata de delitos políticos y la Constitución no lo permite.
El error del gobierno saliente es haber querido dar connotación de proceso de paz a lo que de lejos mostraba que tenía que ser una política de sometimiento. A buena ahora, la rectificación que realiza el presidente electo. No podemos confundir las peras con manzanas.
*Exmagistrado
