Representantes de 151 familias campesinas de Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta, se trasladaron hasta las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, en Santa Marta, para denunciar lo que consideran una amenaza contra la propiedad de sus tierras y solicitar el acompañamiento de esa entidad frente al proceso judicial que involucra sus predios.
El pronunciamiento fue realizado por las Juntas de Acción Comunal de Palmor y el Comité de Defensa de las 151 Fincas Cafeteras, cuyos integrantes solicitaron al Gobierno Nacional suspender el proceso, al considerar que pone en riesgo la permanencia de las comunidades en las tierras donde, aseguran, han vivido y trabajado durante varias décadas.
Los voceros señalaron que el caso involucra al Ministerio de Agricultura, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Los campesinos afirmaron que las fincas cuentan con escrituras públicas, registros catastrales y pagos del impuesto predial, por lo que sostienen que son propietarios legítimos de los predios. También indicaron que las tierras están destinadas principalmente al cultivo de café y rechazaron que se trate de terrenos baldíos o que en la zona existan cultivos ilícitos.
Durante la reunión en la Defensoría del Pueblo, los representantes de las comunidades cuestionaron la actuación de las entidades nacionales y aseguraron que el proceso se inició sin una revisión suficiente de la situación de las familias que habitan el territorio. Además, señalaron que Palmor ha enfrentado durante años problemas por la falta de inversión estatal en infraestructura y servicios básicos.
Piden revisar las actuaciones de las entidades
Entre sus solicitudes, las organizaciones campesinas pidieron suspender el proceso mientras se analizan las pruebas que, según afirman, acreditan la propiedad de las fincas. Asimismo, solicitaron que se investigue la actuación de los funcionarios que han intervenido en el caso y que se designe un nuevo equipo para revisar el expediente.
Los líderes comunitarios también anunciaron una movilización hacia Bogotá con el propósito de presentar sus reclamaciones ante el Ministerio de Agricultura y el Congreso de la República, donde esperan exponer la documentación que, aseguran, respalda los derechos de las 151 familias.
Además, solicitaron una compensación por los perjuicios económicos que, según sostienen, les ha ocasionado el proceso y pidieron una auditoría a las actuaciones de las entidades involucradas.
Buscarán apoyo internacional
Los representantes de las comunidades informaron que estudian llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que podrían existir vulneraciones a los derechos de las familias campesinas.
Al cierre del comunicado, las organizaciones indicaron que el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras no se habían pronunciado específicamente sobre el caso. No obstante, señalaron que la URT ha manifestado en otras oportunidades que sus actuaciones se desarrollan conforme a la ley y con verificación en terreno.
Las familias cafeteras insistieron en que su principal solicitud es que se respeten los títulos de propiedad y se garantice su permanencia en los predios donde desarrollan su actividad productiva.
