En poco más de una hora -el tiempo que dura un partido de fútbol- Colombia conoció los resultados de cada una de las tres grandes jornadas electorales celebradas este año. El escrutinio posterior no hizo sino confirmar, con una coincidencia extraordinaria del 99,997 %, lo que el preconteo había anunciado desde la misma noche de las votaciones. No siempre lo reconocemos, pero desde hace décadas Colombia comparte con Chile y Uruguay una capacidad de organización y conteo electoral tan precisa y confiable que muchas democracias más antiguas envidian. Es una fortaleza institucional que vale la pena destacar.
Pero el problema de una democracia no termina cuando los votos quedan bien contados. La verdadera prueba comienza mucho antes, cuando el ciudadano decide por quién votar.
La democracia no puede conformarse con que el elector llegue a la mesa de votación. Debe aspirar a que llegue libre de amenazas, de presiones burocráticas, de dependencias económicas, de intimidaciones armadas y de cualquier otra forma de constreñimiento que limite el ejercicio de su conciencia.
La compra de votos, el clientelismo, las maquinarias políticas, la utilización electoral de organizaciones sociales, el adoctrinamiento político de estudiantes de colegios y universidades y el control que todavía ejercen grupos armados sobre distintas regiones son realidades del presente que Colombia debe erradicar. Tampoco podemos eludir una pregunta válida: ¿es completamente libre el voto de un ciudadano que sabe que su contrato depende de una administración pública? ¿Puede decidir con absoluta independencia quien teme perder el sustento de su familia por no respaldar a determinado candidato?
La memoria ciudadana es corta. Muy pronto olvidamos lo que estuvo realmente en juego. Hubo en este ciclo electoral una utilización indebida, abierta y sistemática de recursos y herramientas del Estado que no respetó los límites que una democracia sana debe imponerse. No fueron episodios aislados. Pusieron de manifiesto vacíos normativos y, peor aún, la indiferencia frente a normas existentes que nadie se ocupó de hacer cumplir. El nuevo gobierno y el Congreso tienen aquí una tarea inaplazable: comenzar a desmontar prácticas que, en demasiadas regiones, han terminado aceptándose como parte de la normalidad política.
Abelardo De la Espriella, a quien sigo con genuino aprecio y de quien no dudo que sabrá emprender esta tarea desde el comienzo de su mandato, tiene una de las responsabilidades más urgentes de su gobierno. De poco sirven los ambiciosos planes de desarrollo económico, la modernización de la infraestructura o la atracción de inversión extranjera directa mientras buena parte del electorado siga siendo vulnerable a la presión del cacique local, al chantaje del contratista o a la intimidación de los grupos armados, cuya rendición incondicional y entrega efectiva de las armas el presidente electo ha señalado entre sus primeras prioridades. Sin ciudadanos políticamente libres, el desarrollo económico descansará siempre sobre bases frágiles.
Hace falta recordar a cada colombiano que su voto vale exactamente lo mismo que el de cualquier otro y que esa igualdad solo permanece viva cuando cada uno decide defenderla. La educación democrática, la independencia de las instituciones y una administración pública basada en el mérito constituyen, a fin de cuentas, los pilares de una república digna de ese nombre.
Colombia ha aprendido a contar los votos. El paso siguiente consiste en garantizar que cada colombiano pueda depositarlos obedeciendo únicamente a su conciencia. Ése es, a mi entender, uno de los grandes compromisos nacionales de los años que vienen.
*Economista y analista internacional
