Los voceros denunciaron décadas de abandono institucional y afirmaron que el corregimiento continúa enfrentando deficiencias en vías, salud, acueducto y programas de formalización de predios.
Mientras Palmor continúa consolidándose como una de las principales zonas cafeteras de la Sierra Nevada de Santa Marta, los productores afirman que la incertidumbre jurídica afecta la estabilidad del territorio.
La comunidad campesina cafetera del corregimiento de Palmor, en jurisdicción de Ciénaga, hizo público un pronunciamiento en el que expresó su rechazo a la demanda de restitución de derechos territoriales presentada por comunidades indígenas Kogui y responsabilizó a distintas entidades del Estado por el conflicto que actualmente enfrenta a campesinos e indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. En el documento, las Juntas de Acción Comunal (JAC), líderes comunitarios, mujeres y habitantes de 16 veredas formularon una serie de exigencias dirigidas al Gobierno Nacional, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Ciénaga.
Los voceros manifestaron que las comunidades campesinas se encuentran «cansadas de las mentiras», de los anuncios que, según afirmaron, no se traducen en soluciones para el territorio y de la falta de respuestas institucionales frente a las necesidades históricas del corregimiento.
En el comunicado sostuvieron que el conflicto actual entre campesinos cafeteros e indígenas es consecuencia de decisiones adoptadas por entidades estatales y cuestionaron el manejo que, a su juicio, han dado la Alcaldía de Ciénaga, la Gobernación del Magdalena y organismos del orden nacional a los procesos relacionados con la tierra.
ABANDONO INSTITUCIONAL
Las comunidades afirmaron que Palmor ha enfrentado durante décadas un escenario de abandono estatal pese a ser un territorio construido por generaciones de familias campesinas. Indicaron que, a lo largo de los años, los habitantes han desarrollado infraestructura comunitaria, abierto caminos, construido escuelas, iglesias, cementerios y redes de electrificación, además de permanecer en el territorio durante los periodos de violencia.
Los líderes señalaron que durante el actual Gobierno Nacional entidades como el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) no han ejecutado obras de inversión en Palmor y cuestionaron las actuaciones administrativas relacionadas con procesos de tierras.
Como parte de sus denuncias, hicieron referencia al proyecto de mejoramiento de la vía Palmor-Makenkal, para el cual, según indicaron, fueron destinados recursos por 4.000 millones de pesos provenientes del Instituto Nacional de Vías (Invías), así como a la vía San Pablo-San Javier, cuya inversión, afirmaron, supera los 33.000 millones de pesos y permanece inconclusa.
Asimismo, manifestaron que el corregimiento continúa enfrentando necesidades relacionadas con infraestructura vial, servicios de salud, acueducto y programas de titulación de predios rurales.
RESPUESTA A LA DEMANDA INDÍGENA
En el pronunciamiento, las Juntas de Acción Comunal también respondieron a la demanda de restitución de derechos territoriales presentada por los asentamientos indígenas Nabgaxa, Setaminaka, Mamakuñdua y Mañkuaxa del pueblo Kogui, proceso que incluye solicitudes relacionadas con la protección del territorio ancestral, aclaración de linderos, nulidad de adjudicaciones de tierras y otras medidas administrativas y judiciales.
Frente a esas pretensiones, los representantes campesinos afirmaron que las familias cafeteras poseen los mismos derechos constitucionales y solicitaron que cualquier decisión garantice igualdad ante la ley para ambas comunidades.
También expresaron que las familias campesinas han permanecido en el territorio durante varias décadas, cuentan con documentos relacionados con la posesión de sus predios y mantienen un arraigo social, económico y cultural que, según señalaron, debe ser reconocido dentro de cualquier proceso judicial o administrativo.
Los voceros cuestionaron además la caracterización realizada durante el proceso de restitución, al considerar que contiene inconsistencias en la identificación de algunas familias y no refleja la realidad del territorio.
SOLICITAN INVESTIGACIONES
Las comunidades campesinas solicitaron a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación adelantar investigaciones disciplinarias y penales contra funcionarios de la Alcaldía de Ciénaga, la Gobernación del Magdalena, el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras, por actuaciones y omisiones que, según sostienen, han afectado a las familias campesinas del corregimiento.
En el documento también pidieron que se establezcan las responsabilidades correspondientes por los gastos jurídicos que, aseguran, han debido asumir durante el desarrollo de este proceso, así como por los presuntos daños económicos, morales y psicológicos ocasionados a las familias involucradas.
IGUALDAD DE PRETENSIONES
Como parte del comunicado, las organizaciones campesinas plantearon que, si las comunidades indígenas cuentan con un conjunto de pretensiones dentro del proceso judicial, las familias cafeteras también deberían acceder a medidas similares con enfoque campesino.
Entre las solicitudes incluidas figuran el reconocimiento del derecho al territorio, la aclaración de áreas y linderos de predios, el saneamiento de la propiedad rural, la protección de matrículas inmobiliarias, programas de vivienda rural, fortalecimiento de los servicios de salud y educación, proyectos productivos, acceso a programas sociales y acciones de reparación frente a los efectos del conflicto y del abandono estatal.
Finalmente, las Juntas de Acción Comunal reiteraron su llamado a las autoridades para que las decisiones relacionadas con el territorio se adopten garantizando igualdad de derechos entre las comunidades campesinas e indígenas, al tiempo que solicitaron mayor presencia institucional, inversiones en infraestructura y soluciones a las necesidades históricas del corregimiento de Palmor.
