El representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático, anunció que radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Iván Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano y exministro de Defensa, contra Danilo Rueda, excomisionado de paz, por presuntos delitos que habrían puesto en jaque la seguridad nacional.
La base que sustenta esta tormenta jurídica se remonta al 2 de septiembre de 2022, pocas semanas después de arrancar el actual Gobierno de Gustavo Petro, cuando Danilo Rueda se reunió en secreto con Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, jefe político del grupo armado que comanda Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo.
En dicho encuentro, que quedó registrado en cintas de audio —que fueron reveladas por la fuente de noticias el miércoles 24 de junio de 2026—, el entonces comisionado ofreció gabelas que se ajustarían perfectamente a los intereses de la organización delincuencial, incluyendo el cese de bombardeos aéreos y una cuestionable limpieza en la inteligencia policial.
Mientras el alto funcionario negociaba suspender las operaciones aéreas con los delegados de la mafia, el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, le decía públicamente al país que los bombardeos solo estaban restringidos si se detectaba la presencia de menores de edad.
En esa misma cita, alias Jerónimo exigió que la fuerza pública retirara de inmediato todos los operativos y grupos de infiltración de las zonas de influencia criminal a cambio de mantener un cese al fuego unilateral. “Esto no es fácil porque es que la depuración es compleja, pero se está haciendo”, se le escucha decir a Rueda en las grabaciones transmitidas por televisión, al hacer alusión a la destitución de 35 generales y coroneles que el Gobierno ejecutó al inicio de su gestión.
El escándalo estalló en un momento crítico para la política de ‘Paz Total’, justo cuando el actual comisionado Otty Patiño busca el traslado de los delincuentes a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) —son áreas temporales donde grupos armados se concentran para avanzar en su proceso de desmovilización y transición a la vida civil—.
El escándalo coincide con la controversia por la propuesta de trasladar integrantes del Clan del Golfo a Zonas de Ubicación Temporal como parte de un eventual proceso de sometimiento – crédito Defensoría del Pueblo
Para facilitar este proceso, el Gobierno le solicitó a la Fiscalía suspender las órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo, incluyendo a alias Chiquito Malo, que es requerido en extradición por los Estados Unidos. Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo negó la solicitud al considerar que no existen avances concretos ni compromisos verificables por parte del grupo criminal.
