El Excomisionado de Paz, Danilo Rueda, por instrucciones de su jefe, el presidente Gustavo Petro, celebró negociaciones criminales con el Clan del Golfo, ofreciendo suspensión de operaciones militares salida de oficiales del Ejército y la Policía.
Una reunión sostenida en septiembre de 2022 entre el entonces alto comisionado para la Paz Danilo Rueda y uno de los comandantes del Clan del Golfo quedó registrada en una serie de audios inéditos que revelan compromisos planteados en el marco de los primeros acercamientos del gobierno de Gustavo Petro con el Clan del Golfo.
De acuerdo con la investigación, en la reunión realizada en el Urabá antioqueño y en la que también participaron abogados y asesores de la organización, Rueda propuso una especie de «congelamiento» de acciones entre las partes, mientras alias «Jerónimo» solicitó el retiro de unidades especiales de la Fuerza Pública en las zonas bajo influencia del Clan del Golfo.
En los audios divulgados, el excomisionado también habla de esfuerzos para detener bombardeos y de procesos de depuración en organismos de inteligencia.
La investigación señala que dos semanas antes de ese encuentro, el Gobierno había ordenado una reestructuración en las Fuerzas Militares y de Policía que implicó la salida de más de 35 generales. En las grabaciones, Rueda menciona además la remoción de tres coroneles vinculados con labores de inteligencia y persecución al Clan del Golfo.
Noticias Caracol también sostuvo que el entonces comisionado planteó la posibilidad de avanzar hacia el levantamiento de órdenes de captura y de extradición, una vez el proceso de diálogo alcanzara etapas más avanzadas.
Según el informe, durante los primeros años del gobierno Petro no se registraron bombardeos contra esa estructura criminal, que pasó de tener 4.061 integrantes en 2022 a 9.915 en 2025 y amplió su presencia territorial de 145 a 338 municipios, de acuerdo con cifras citadas por el medio.
La investigación incluye además otra grabación, correspondiente a una reunión realizada en agosto de 2025 en instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según Noticias Caracol, en ese encuentro participaron el entonces director de la entidad, Jorge Lemus; el jefe de contrainteligencia, Ricardo Rey Rosanía; y Eduward Ferney Rincón, conocido como «Boyaco Sinaloa», un esmeraldero y exnarcotraficante.
En la conversación, los funcionarios habrían solicitado apoyo para impulsar un proyecto de ley sobre sometimiento de organizaciones criminales y buscar canales de comunicación con alias Chiquito Malo, máximo jefe del Clan del Golfo.
Consultado por Noticias Caracol, el exdirector de la DNI, Jorge Lemus, afirmó que el encuentro con «Boyaco Sinaloa» se realizó en desarrollo de las funciones de inteligencia del Estado y aseguró que no se le pidió ningún favor al exnarcotraficante.
También señaló que la asistencia de Javier Grajales, entonces integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de María José Pizarro, se produjo sin autorización de la excongresista. Por su parte, el medio indicó que intentó comunicarse con Rueda y con Pizarro, pero no obtuvo respuesta.
Expertos citados por la investigación, entre ellos Jerson Arias, de la Fundación Ideas para la Paz, y Juan Carlos Restrepo, exinspector de la DNI, cuestionaron el impacto de estas decisiones sobre el fortalecimiento del Clan del Golfo y advirtieron sobre posibles implicaciones jurídicas y éticas derivadas de los encuentros revelados.
Las revelaciones se conocen a un día de la fecha prevista por el Gobierno para concentrar a más de 400 integrantes del Clan del Golfo en zonas de ubicación temporal como parte del proceso de sometimiento que adelanta el Ejecutivo.
Para este punto, la Fiscalía General de la Nación debía pronunciarse sobre la solicitud del Alto Comisionado de Paz para levantar 29 órdenes de captura contra cabecillas de esa organización, entre ellos alias «Chiquito Malo», Rodrigo Flechas y Monseñor.
DENUNCIA PENAL
El representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático, anunció que radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Iván Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano y exministro de Defensa, contra Danilo Rueda, excomisionado de paz, por presuntos delitos que habrían puesto en jaque la seguridad nacional.
La acción judicial se interpuso por el presunto delito de concierto para delinquir, tras la polémica revelación de unos audios que exponen supuestos beneficios e intercambios de favores entre el arranque del Gobierno y el Clan del Golfo.
La denuncia penal del congresista se dio como una reacción a la revelación realizada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol; el informe periodístico desató un desconcierto nacional al evidenciar polémicas gabelas que habrían frenado el accionar de la fuerza pública para favorecer la expansión de la estructura criminal.
A través de un comunicado, Garcés confirmó la radicación del documento ante el ente acusador y exigió que la justicia actúe con celeridad para determinar las responsabilidades penales de los exfuncionarios involucrados en la mesa exploratoria.
La denuncia presentada por el congresista busca que las autoridades investiguen a fondo una serie de conductas delictivas de extrema gravedad que se habrían configurado a puerta cerrada, entre las cuales se destacan los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y por omisión, revelación de secreto, utilización indebida de información oficial privilegiada, tráfico de influencias, espionaje, favorecimiento y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
LLAMADO A LA JUSTICIA
Un llamado urgente a la justicia y la inminente mención al presidente Gustavo Petro
Ante el revuelo que provocó el informe periodístico, el congresista Christian Garcés solicitó formalmente al ente acusador que se recauden de manera urgente todos los audios, registros oficiales y documentos pertinentes para esclarecer el alcance real de los implicados.
Asimismo, en el documento del legislador del Centro Democrático se hizo petición trascendental que escala el conflicto al plano presidencial, pues solicitó compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para establecer si el presidente Gustavo Petro tuvo conocimiento, intervención o responsabilidad en estos hechos.
“Las revelaciones de Noticias Caracol describen hechos de una gravedad sin precedentes. Si desde el Gobierno se comprometieron decisiones militares, operaciones de inteligencia o beneficios institucionales para favorecer al Clan del Golfo, Colombia estaría frente a una posible utilización del poder público en beneficio de una organización criminal. La Fiscalía debe actuar con celeridad y llegar hasta las últimas consecuencias para proteger la seguridad nacional, la legalidad y la confianza de los colombianos en las instituciones”, afirmó Garcés en las declaraciones citadas en el comunicado.
