La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, declaró responsables a cuatro miembros del Estado Mayor y a un integrante más del Bloque Caribe de las FARC por los crímenes cometidos contra los pueblos étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y algunos municipios de la Serranía del Perijá, entre 1996 y 2007.
Los comparecientes declarados responsables son Abelardo Caicedo Colorado, conocido como ‘Solís Almeida’; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, conocido como ‘Leonardo Muñoz’; Gilberto Giraldo, conocido como ‘Aldemar Altamiranda’; y Héctor Hernández, quien fue conocido como ´Fabio Borges’.
Todos ellos pertenecientes al Estado Mayor de la organización, y a Marcos Martínez, conocido como ‘Silfredo’, quien, a pesar de no haber pertenecido al Estado Mayor del bloque, tuvo una participación determinante en la ejecución de los crímenes.
Según la JEP, las acciones de la extinta guerrilla configuraron un patrón macrocriminal de control territorial, que se desarrolló bajo cinco modalidades: cooptar organizaciones étnicas y deshacerse de liderazgos que pudieran representar un obstáculo para ellos; eliminar, amenazar o desterrar a quienes consideraran sus enemigos; castigar a quienes no cumplieran con sus reglas; controlar a mujeres y niñas y dominar el área y corredores estratégicos de la región.
PUEBLO AFECTADOS
Los afectados por estos crímenes fueron el Pueblo Negro Afrocolombiano y los Pueblos Indígenas Kankuamo, Wiwa, Kogui, Arhuaco, Wayúu, Ette Ennaka y Yukpa.
Sin embargo, los crímenes no se limitaron a estos pueblos, sino que impactaron sus territorios, sus sistemas de vida y su espiritualidad.
«La investigación arrojó que esta política de control social y territorial fue impuesta a través de una violencia que ocasionó daños graves, diferenciados y desproporcionados», dijo la Jurisdicción.
Esta estrategia criminal se tradujo en asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, saqueos, torturas, violencia sexual, violencia basada en género, así como ocupación y destrucción de Territorios Étnicos y lugares sagrados.
«En ese contexto, el Bloque Caribe de las extintas Farc-EP asumió funciones de regulación de la vida colectiva como la solución de conflictos y la administración de bienes, generando que los Territorios, además de ser campos de batalla en los que se desarrollaba la confrontación armada, fueran también escenarios de interacción permanente y de regulación de los ámbitos económico, cultural y social de la población civil en la zona», agregó.
