El intento de suspender al presidente de la República, Gustavo Petro, por participación en política, que se conoció ayer por parte de la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, provocó una tormenta política en el país, pero las razones por las que se produjo siguen sin conocerse.
La representante Arizabaleta, que está desde ayer en el ojo de huracán por esta decisión, dará este jueves una rueda de prensa para explicar los motivos por los que la tomó, pero diferentes hipótesis al respecto han venido tejiéndose desde ayer.
Hasta hace cuatro años, Arizabaleta estaba en el grupo de congresistas que eran considerados del petrismo. De hecho, se consideraba que el Gobierno tenía una mayoría holgada en la Comisión de Acusaciones, por lo cual no eran muchos los avances que habían tenido las investigaciones que se adelantaban contra el presidente en ese organismo, al punto de que hace algunos días el procurador, Gregorio Eljach, le pidió explicaciones a la Comisión, sobre los avances que había tenido en los casos por participación en política contra el mandatario.
Por esa misma razón, la suspensión intempestiva del mandatario resultó sorpresiva. De manera inusual, tanto el Gobierno como sus opositores se pusieron de acuerdo en que era una decisión ilegal, con fines políticos.
La tesis de la oposición y de la campaña de Abelardo de la Espriella es que se trató de un «autoatentado legislativo» de Petro, para abandonar el cargo y salir en apoyo a su candidato presidencial, Iván Cepeda. Esta teoría implicaría que Arizabaleta, siendo del Pacto Histórico, habría tenido algún acuerdo secreto con el presidente Petro, para tomar la decisión, que él públicamente rechazaría, pero le terminaría conviniendo.
La reacción del presidente, sin embargo, sería contradictoria con esta teoría, pues, no solamente rechazó la suspensión, sino que acuso a la parlamentaria de estar extorsionando al Gobierno y le pidió a los ministros que revelaran las peticiones que ella les habría hecho.
La tesis del Gobierno, por su parte, es que esta es una forma de querer enturbiar la labor del mandatario nacional.
Además de la denuncia hecha por el presidente Petro, de que ella estaría extorsionando al gobierno, su argumento es que ella ya no hace parte del Pacto Histórico y, por el contrario, estaría concertada con la campaña de De la Espriella, para conseguir un rédito político.
«Tiene un asesor (Holman) Ibáñez, que es un abogado que pertenece a las huestes contrarias. Estábamos bajo una extorsión por parte del Congreso de la República», aseguró.
Aunque las razones reales de la expedición de ese fallo aún no se tienen claras, por ahora lo que sí se sabe es que el mismo salió en medio de la recta final de la campaña presidencial y un día después de que un magistrado ordenara a Abelardo de la Espriella, que no siguiera usando la bandera del país, como tampoco su frase de campaña que usa desde hace cerca de un año que es “firmes por la Patria”.
El hecho se sumó a la tutela de hace una semana que también le prohibió usar la camiseta de la Selección Colombia en sus actos proselitistas.
Para Humberto Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional, ese auto se conoció luego de que ese nuevo fallo de los signos patrios se conoció, por lo que se entiende que el mismo es una decisión más política que jurídica.
/Colprensa.
