Es muy difícil creer que renunciaron a la constituyente. Muchos estamos convencidos de que el “retiro” del comité que la promovía es solo una maniobra electoral. ¿Lo firmarán en mármol de nuevo?
No estamos decidiendo solo entre dos personas. Debemos decidir si defendemos una Constitución que limita los abusos, protege libertades, da estabilidad y defiende a los ciudadanos, o si acepta abrir un camino en el que las reglas se cambian porque estorban al Gobierno.
¿Vamos a escribir nuevas reglas, en favor de algunos? ¿Reglas que hoy nadie conoce, que afectarán la sociedad, la economía y aumentarán el poder presidencial? No se trata de una discusión abstracta. Preocupan especialmente los poderes excesivos, así como la eventual pérdida de independencia del Banco de la República.
La primera vuelta arrojó una realidad política contundente: más de 10,4 millones de ciudadanos votaron por De la Espriella. No fue una adhesión uniforme a cada frase o propuesta. Expresa un rechazo democrático legítimo al gobierno de Gustavo Petro y a la posibilidad de prolongar un modelo marcado por confrontación, desconfianza institucional, bajo crecimiento, incertidumbre y que ha querido abusar del poder.
Para el sector productivo, ese dato tiene enorme importancia. Más de 10 millones de personas están diciendo que no quieren que Colombia siga debilitando las bases que permiten producir, trabajar, invertir y generar oportunidades. Reclaman orden, estabilidad, seguridad jurídica y reglas claras. Sin esas condiciones no hay empresa posible; pero, sobre todo, no hay política social sostenible.
También hay que entender que más de 9,6 millones de colombianos votaron por Cepeda. Allí hay reclamos sociales reales: ciudadanos que se han considerado excluidos, territorios sin Estado, familias que esperan mejores servicios, jóvenes que quieren oportunidades y personas que creen que el cambio prometido debe continuar. Aunque no se haya dado. Desconocer esa voz sería un error político y moral. La narrativa ha sido efectiva, hasta el punto de convencer a algunos ciudadanos de que no son responsables de los inmensos daños producidos al sector salud y afectar a millones de pacientes.
La Constitución de 1991 no es perfecta, pero es una de las más garantistas y progresistas del mundo. Protege derechos, reconoce diversidad, creó la tutela, fortaleció la participación ciudadana y estableció límites al poder. También consagró la independencia del Banco de la República, que ha protegido a Colombia de aventuras económicas que terminan en inflación y pobreza.
La Constitución incluye mecanismos para reformarse. Permite mejorarla, y hasta dañarla, mediante mecanismos que no requieren una constituyente. La hemos cambiado más de 60 veces. No es lo mismo escuchar al pueblo que usar su nombre para concentrar poder. Las constituciones existen para protegernos a todos, especialmente cuando el poder se siente con derecho a pasar por encima de los límites.
Defender la Constitución no significa desconocer las demandas sociales. Significa construir respuestas serias y duraderas: equidad, empleo formal, seguridad, educación pertinente, infraestructura, innovación y una política social que cree capacidades en lugar de dependencia.
La democracia se defiende con reglas. Y las reglas solo sirven si se respetan cuando incomodan. La Constituyente y las consultas populares son exactamente lo contrario.
Durante estos cuatro años hemos defendido las instituciones, las reglas de juego, la separación de poderes, los límites que buscan evitar los abusos y arbitrariedades. Lo seguiremos haciendo si fuera necesario.
Hoy tenemos que defender la Constitución. Ella contiene, ni más, ni menos, los principios fundamentales que permiten que 52 millones de personas, que pensamos distinto, con distintas creencias, podamos convivir y pensar en una Colombia mejor, más justa, más desarrollada y mejor para las nuevas generaciones. Nos jugamos mucho más que solo la decisión entre dos candidatos. No es tiempo de ingenuidades./Tomado de El Tiempo
*Presidente de la ANDI
