La Procuraduría General de la Nación reunió este jueves a las entidades que llevaban casi seis meses pasándose la responsabilidad de alimentar al caimán llanero, y de esa mesa salió por fin un doliente: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible quedó al frente de la coordinación. Las entidades quedaron con plazo hasta el 12 de junio para entregar un cronograma de trabajo y un inventario único de los animales. Es la respuesta institucional más concreta desde que estalló la crisis que tiene en riesgo el principal banco genético de la especie.
Según el comunicado de la Procuraduría, en la mesa participaron entidades del orden nacional, territorial, ambiental y académico para definir acciones urgentes frente a la alimentación, la salud, el manejo y la reproducción de los ejemplares. El Ministerio de Ambiente asumió la tarea de estructurar las medidas de alimentación, reproducción, reubicación y liberación de los animales.
Nadie sabe con certeza cuántos caimanes hay ni en qué estado están. Por eso el organismo de control pidió consolidar un inventario único, actualizado y verificable de los ejemplares que están bajo custodia institucional.
La urgencia viene de atrás. Cerca de 200 caimanes llaneros (Crocodylus intermedius) permanecían sin alimentación regular desde diciembre de 2025 en el Parque Agroecológico Merecure y la Universidad de los Llanos (Unillanos), en Villavicencio, tras el vencimiento de los convenios que sostenían el Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero (Procaimán).
El nudo se apretó cuando la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) dejó vencer esos convenios. La decana de la Facultad de Ciencias, Lucy Gabriela Delgado Murcia, argumentó que alimentar caimanes no hace parte del objeto misional de la universidad. Los acuerdos se vencieron, pero los animales quedaron en esas instalaciones sin que ninguna entidad asumiera su cuidado.
El caso escaló por fuera de las entidades. El documentalista Mauricio Salazar Rodríguez viajó al Meta, consiguió casi una tonelada de pollo en donación y radicó una acción de tutela después de que las autoridades le negaran el permiso para alimentar a los animales. La tutela busca que se reanude la alimentación y que un juez defina quién responde por cada ejemplar.
Mientras las entidades discutían, el hambre cobró víctimas. La senadora Andrea Padilla afirmó el 3 de junio que el programa ya deja 16 animales muertos, entre ellos tres neonatos, y que la Procuraduría halló condiciones «lamentables» en una visita del 28 de mayo.
La presión finalmente movió la comida. Padilla informó que 139 caimanes ya fueron alimentados y que los 178 restantes recibirían alimento al día siguiente, con lo que el conteo de animales del programa subió a 317.
La crisis cambió de plano. La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para investigar un presunto delito ambiental y contra la vida de los animales, según informó la senadora tras reunirse con ese organismo y con la Procuraduría. El ente de control, por su parte, advirtió que podría abrir procesos disciplinarios contra los funcionarios responsables.
Los animales no son un grupo cualquiera de reptiles. Fueron seleccionados durante años por su diversidad genética para frenar la extinción del cocodrilo más grande de América, endémico de la Orinoquía colombo-venezolana. Si mueren, se pierde el material reproductor que sostenía las liberaciones en los ríos de la región.
El 12 de junio será la prueba. Ese día el Ministerio de Ambiente deberá presentar el plan con cronograma, inventario y presupuesto, y la Procuraduría anunció que citará una nueva reunión a fin de mes para revisar si los compromisos se cumplieron.
/Colprensa
