Por
JUAN CAMILO
RESTREPO*
Las llaves de la búsqueda de la paz no se pueden arrojar al fondo del mar. Eso es lo que está haciendo el gobierno Petro en los días finales de su mandato. Pero lo está haciendo con la improvisación propia de todas las tareas que emprende. Es una lástima. La paz total está recibiendo los santos óleos.
Se nota el desespero de Petro por dejar andando algo del proceso de paz antes del 7 de agosto del 2026. Al menos para que luego le sirva de constancia de que buscó la paz.
Pero no podían ser más atolondrados los pasos finales que está dando. La disputa con la fiscal general, por ejemplo, sobre el levantamiento de las órdenes de captura de los capos del Clan del Golfo, a cuyos jefes quiere dejar instalados en zonas de ubicación temporal ZUT antes de irse.
O el reinicio de los diálogos socio – jurídicos con las bandas criminales de la cárcel de Itagüí: los mismos del tarimazo de la Alpujarra y de los fiestones que nadie ha podido aclarar quien los autorizó. O el manteniendo inexplicable de la mesa de negociación con Calarcá.
Estos pasos torpes del gobierno Petro en vísperas de dejar la Casa de Nariño no van a reanimar con seriedad ninguna de las múltiples mesas de negociación que ha abierto. En todas ellas la improvisación gubernamental ha escamoteado la posibilidad de llegar a acuerdos serios de paz.
Hasta de frentes cercanos al gobierno como es el caso de Alexander López Maya, hoy alto consejero del candidato Cepeda, se escuchan pronunciamientos muy duros de lo que está sucediendo con la paz total
El reproche principal -además de la improvisación- consiste en que estas negociaciones no pueden conducir a buen puerto en ausencia de una ley de sometimiento. Como lo ha reclamado la corte constitucional con toda claridad.
Y la razón es relativamente simple. La ley de sometimiento es la que indica qué debe entregar un grupo como el Clan del Golfo o los combos de la cárcel de Itagüí, a cambio de recibir penas más leves que las establecidas por el régimen normal del derecho penal.
Al fin y al cabo, se trata de un régimen de excepción a las normas generales de la política criminal a cambio de sanciones más benignas. Y esto solo puede definirlo una ley de sometimiento para delincuentes. Como el Clan del Golfo -que no tienen connotación de rebeldía política- y debe entregar rutas del narcotráfico y sus fortunas mal habidas a cambio de recibir penas más benignas.
Como no hay ley de sometimiento de por medio -pues por negligencia política no se ha expedido dicha ley- las negociaciones están llamadas a fracasar. Se reducen a un estéril diálogo socio- jurídico en el que el Estado dice qué está dispuesto a entregar sin que de parte de los delincuentes haya ningún compromiso sobre cuáles de sus actuaciones delictuales desmontan. Ni tampoco cómo van a resarcir a las víctimas.
Buscar la paz no es nada fácil. Pero buscarla desorganizadamente y sin un marco jurídico es más difícil aún. La paz no se puede diseñar a punta de improvisados trinos presidenciales. Requiere un instrumental administrativo y jurídico mucho más complejo y sofisticado.
Esto es lo que nunca entendió de presidente Petro. Creyó que la paz se lograba peleándose en público con todo el mundo. O repartiendo a manos llenas escudos de gestores de paz a cuanto facineroso se hacía oír en la casa de Nariño o en la oficina del Comisionado de paz.
En estos meses que le quedan al gobierno no se avanzará en nada serio. Habrá unos cuantos titulares de prensa, pero nada más. La paz total está agonizando y solo resta aplicarle los santos oleos.
Ya será el nuevo gobierno -de izquierda o de derecha- el que deberá diseñar un nuevo esquema para buscar la paz, en la que es imperioso persistir. Las llaves de su búsqueda no pueden echarse al fondo del mar.
*Exministro de Estado
