La Corte Constitucional constató en terreno que el Estado colombiano sigue fracasando en garantizar los derechos básicos de los presos. En una visita al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad El Barne, en Cómbita (Boyacá), el alto tribunal encontró un hacinamiento del 40,1% y graves fallas en el suministro de agua.
La diligencia hace parte del seguimiento al «estado de cosas inconstitucional» en el sistema penitenciario. De acuerdo con la jurisprudencia sostenida del alto tribunal, esta es una declaratoria de emergencia que evidencia una violación masiva y estructural de derechos humanos que el Gobierno no ha podido resolver.
Las magistradas Paola Meneses, presidenta de la Corte, y Lina Escobar lideraron el recorrido. Junto a ellas estuvo Jorge Enrique Ibáñez, quien preside la Sala Especial encargada de vigilar esta crisis.
Durante la jornada, los magistrados recorrieron ocho pabellones de alta seguridad y 12 de mediana. Allí dialogaron con directivos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que por ley responden por la vigilancia y la infraestructura, respectivamente. El tribunal escuchó al personal médico y a las personas privadas de la libertad para contrastar el discurso institucional con la realidad de las celdas.
El hallazgo más crítico fue la falta de acceso al agua potable. En la estructura de alta seguridad, los internos denunciaron que el servicio está restringido a determinados horarios del día. Esta limitación los obliga a almacenar agua en recipientes improvisados durante varias horas para intentar cubrir sus necesidades básicas, un hecho que compromete directamente sus condiciones de supervivencia.
A la precariedad de los servicios esenciales se suma la sobrepoblación física del establecimiento. Las autoridades le reportaron a la Sala Especial que El Barne alberga actualmente a 4.132 reclusos. Esta cifra, dijo la Corte, refleja que el hacinamiento persiste de manera alarmante y que las medidas para descongestionar el penal no están funcionando.
El problema no es solo de infraestructura, sino del propio aparato judicial que agrava la situación. La Corte recibió múltiples quejas por las demoras de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Estos despachos son los encargados de estudiar y conceder beneficios administrativos o subrogados penales. Su lentitud burocrática mantiene en prisión a personas que ya cumplen los requisitos legales para salir, alimentando la crisis de espacio.
El recorrido dejó en evidencia, además, el fracaso en la promesa de resocialización estatal. Los magistrados identificaron serias preocupaciones frente a la oferta que tienen los reclusos para acceder a programas de educación, trabajo y formación superior dentro del centro penitenciario. Sin estas herramientas, el paso por la cárcel pierde su propósito constitucional de rehabilitar y se limita a un simple encierro punitivo.
Como resultado de la inspección, la Sala Especial formuló una serie de requerimientos directos a las autoridades competentes. Las exigencias buscan que el Gobierno destrabe las soluciones para garantizar el acceso al agua, mejorar la prestación de servicios de salud y revivir los procesos efectivos de resocialización.
