La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama) manifestó su rechazo a la propuesta del presidente Gustavo Petro de disminuir la producción bananera en la región Caribe como medida para destinar más agua potable a la población.
A través de un comunicado público, el gremio aseguró que limitar la actividad bananera no solucionaría la crisis hídrica del Magdalena y, por el contrario, pondría en riesgo el sustento de más de 18 mil familias que dependen directa e indirectamente de este sector.
Asbama sostuvo que el problema del agua en la región responde a causas estructurales e históricas que requieren inversiones en infraestructura, recuperación de cuencas y modernización de sistemas de riego, y no a la reducción de la producción agrícola.
El presidente ejecutivo del gremio, José Francisco Zúñiga, afirmó que responsabilizar al sector bananero de la crisis hídrica es una interpretación equivocada que desconoce tanto las verdaderas causas del problema como el impacto económico y social de esta actividad en el departamento.
Según cifras entregadas por la asociación, el sector bananero genera el 9,4 % del empleo formal del Magdalena y dinamiza la economía regional mediante salarios, producción agrícola e inversión social en comunidades rurales.
El gremio también destacó que el sector ha implementado estrategias de sostenibilidad y conservación ambiental, entre ellas programas de riego tecnificado, protección de cuencas hídricas y proyectos de recuperación ambiental en la Ciénaga Grande de Santa Marta.
Entre las iniciativas mencionadas se encuentran la Plataforma de Custodia del Agua para la protección de los ríos Frío, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación; el proyecto GEF-7 orientado a la recuperación del ecosistema de la Ciénaga Grande; y programas de agricultura sostenible financiados con recursos ambientales.
Finalmente, Asbama reiteró su disposición de seguir participando en la búsqueda de soluciones frente a la crisis del agua, pero insistió en que las decisiones deben basarse en criterios técnicos y no en medidas que puedan afectar el empleo, la inversión y la estabilidad social de la región.
