La Procuraduría General de la Nación (PGN) entró a destrabar el choque burocrático que tiene aguantando hambre a cerca de 200 caimanes llaneros desde diciembre de 2025. El ente de control advirtió que la falta de coordinación entre las autoridades está condenando a muerte al principal banco genético de la especie.
La intervención de la Procuraduría consiste en una actuación preventiva frente a la crisis del Programa de Conservación del Caimán Llanero (Procaimán). El organismo le exigió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) y a la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) que asuman el cuidado de los reptiles. Estas entidades deben tomar medidas operativas y presupuestales inmediatas para garantizar la comida de los animales.
El pronunciamiento aterriza en medio de una parálisis institucional donde ninguna entidad asume la responsabilidad financiera. La crisis estalló cuando la UNAL dejó vencer los convenios que mantenía con la Universidad de los Llanos (Unillanos) y el Parque Agroecológico Merecure, lugares donde permanecen hacinados los reptiles. La decana de la Facultad de Ciencias de la UNAL, Lucy Gabriela Delgado Murcia, argumentó que el presupuesto universitario es para educar personas y no para alimentar animales.
Mientras las instituciones debaten a quién le corresponde el mantenimiento, el hambre empezó a cobrar facturas. La Procuraduría expresó inquietud por la presunta muerte de dos ejemplares adultos y la aparición de episodios de canibalismo asociados a la falta de comida. Los animales completan cinco meses en estado de inanición, una condición biológica que los obliga a consumir sus propios músculos para sobrevivir.
Ante el vacío institucional, la sociedad civil intentó intervenir para frenar las muertes. El documentalista Mauricio Salazar Rodríguez consiguió la donación de casi una tonelada de pollo para realimentar a los animales bajo un estricto protocolo médico. Sin embargo, ni el rector de Unillanos, Charles Robin Arosa Carrera, ni Cormacarena permitieron el ingreso de la comida por temor a incurrir en irregularidades legales.
El grupo de animales abandonados en el departamento del Meta no es una población común de reptiles. Se trata de individuos seleccionados durante décadas por su alta diversidad biológica para evitar la extinción definitiva del Crocodylus intermedius. Si los animales mueren, se pierde el material reproductor clave que venía sosteniendo el repoblamiento de la especie en la Orinoquía.
El llamado de urgencia de la Procuraduría acorrala directamente al Ministerio de Ambiente, una cartera que hasta ahora mantenía total silencio sobre la crisis. A esta presión del Ministerio Público se suma una acción de tutela interpuesta a comienzos de mayo para obligar a las entidades a retomar la alimentación. Esa decisión judicial definirá en los próximos días quién debe responder legal y financieramente por los cocodrilos.
- COLPRENSA
