La Fundación Ideas para la Paz (FIP) concluyó que los planes de seguridad de los cinco candidatos presidenciales que lideran la intención de voto —Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López— reconocen el deterioro de la seguridad en Colombia, pero comparten vacíos en la priorización de amenazas, en la secuencia de las intervenciones, en el cálculo de sus costos fiscales y en la explicación de cómo sostener las capacidades del Estado en los territorios donde las organizaciones criminales ejercen control social, económico y armado.
El documento, titulado «Seguridad 2026-2030: ¿Cómo leer las propuestas de los candidatos a la Presidencia de Colombia?», fue elaborado por el investigador Javier Flórez bajo la dirección de María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP. El análisis contrastó los programas de gobierno de los aspirantes con las dinámicas de violencia organizada del país, las capacidades del Estado y las restricciones fiscales. La fundación precisó que el ejercicio no evaluó afinidades ideológicas ni preferencias políticas, sino la coherencia, la viabilidad y la capacidad potencial de implementación de las propuestas.
El informe partió de un diagnóstico sobre el estado de la seguridad al cierre de 2025. Según las estimaciones de la Fuerza Pública citadas por la FIP, los grupos armados organizados sumaban 27.121 integrantes, de los cuales el 51% estaba en armas y el 49% en redes de apoyo. Esas organizaciones tenían algún tipo de influencia en 600 municipios y la fundación registró por lo menos 14 zonas de disputa activa entre actores no estatales. El documento agregó que, según el Ministerio de Defensa, los drones se usaron para cometer más de 500 ataques ofensivos en los últimos tres años.
El impacto humanitario del último año triplicó las cifras de 2024, con más de 1.600.000 personas afectadas. La FIP citó datos de la Defensoría del Pueblo según los cuales se registraron 908 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 2024 y 2025. El confinamiento aumentó un 12%, el desplazamiento forzado un 85% y el secuestro un 133% frente a 2024.
Sobre las economías ilícitas, el análisis indicó que los cultivos de coca llegaron, según el censo de 2023, a 253.000 hectáreas, con un crecimiento del 53% en su productividad y una producción potencial de más de 2.600 toneladas de clorhidrato de cocaína. El documento añadió que algunas estimaciones ubican la participación de esa economía ilícita en 4,2% del PIB, y que el país enfrenta una diversificación de rentas que incluye minería ilegal, tráfico de fauna y flora, tráfico de armas, acaparamiento de tierras, contrabando y extorsión.
Un Estado sin «chequera en blanco»
La FIP advirtió que el contexto fiscal obliga a aterrizar el debate. El Presupuesto General de la Nación de 2026 fue aprobado por cerca de 547 billones de pesos, con un faltante de financiación de 16,3 billones de pesos asociado a una ley de financiamiento que no prosperó. El informe citó además al Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que advirtió que el déficit total programado para 2026 es de 6,2% del PIB.
«El próximo gobierno no recibirá una chequera en blanco para financiar su estrategia de seguridad, sino un Estado con necesidades crecientes, bajo margen de maniobra y una presión constante por reducir déficit, mejorar ejecución y recuperar la confianza ciudadana», señaló el documento.
La fundación sostuvo que buena parte de las propuestas siguen priorizando instrumentos tradicionales de seguridad. Las resumió como «más pie de fuerza, más cárceles, más operaciones, más tecnología, más presencia estatal, más justicia y más programas sociales», y agregó que esas acciones, aunque pueden ser necesarias, «no constituyen, por sí mismas, una estrategia». Según la FIP, «la pregunta central no es quién promete más, sino quién entiende mejor lo que se debe priorizar, con qué capacidades, recursos y secuencia».
El informe también identificó un elemento transversal: con excepción de Iván Cepeda, todas las candidaturas plantean el cierre de la política de Paz Total del actual gobierno o una ruptura profunda con ese enfoque.
Iván Cepeda: continuidad y dudas fiscales
Sobre el candidato del Pacto Histórico, la FIP señaló que su propuesta no se centra en recuperar el orden mediante la expansión de la fuerza, sino en reducir las condiciones que han permitido la reproducción de la guerra y las economías ilícitas. El plan propone profundizar una visión de «seguridad humana» en la que la transformación territorial, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la protección de las comunidades ocupan un lugar central.
La fundación destacó como fortaleza la discusión que introduce el candidato sobre macrocorrupción, captura institucional y lavado de activos, así como su propuesta de un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción con fortalecimiento de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). No obstante, indicó que el programa no explica con precisión qué priorizaría, qué aplazaría ni cómo financiaría la expansión de la «seguridad humana» sin tensionar más el marco fiscal.
El informe identificó como principal punto crítico la continuidad de la Paz Total «sin una revisión profunda de sus resultados, incentivos y límites operativos». La FIP precisó que sería equivocado atribuir el crecimiento de los grupos armados únicamente a esa política, pero agregó que durante el actual gobierno varios grupos que participaron en negociaciones aumentaron su capacidad armada, control territorial y poder económico. Concluyó que el plan representa «una apuesta por un continuismo» frente a la política de paz y seguridad del gobierno Petro.
Abelardo de la Espriella: ruptura y excepcionalidad
La FIP describió la propuesta de Abelardo de la Espriella como «probablemente la más explícita en su intención de ruptura», con premisas de «cero negociación», ofensiva total contra el narcotráfico, recuperación del control territorial, fumigación de cultivos de uso ilícito, extinción de dominio exprés y fortalecimiento carcelario. La fundación precisó que su observación no apunta a la ambición del programa, sino a la falta de desarrollo sobre mecanismos de control institucional, gradualidad y salvaguardas democráticas.
El informe advirtió sobre el «tono de excepcionalidad» que atraviesa varias de las propuestas y planteó que la idea de megacárceles y endurecimiento extremo del sistema penal está asociada a «confundir eficacia con excepcionalidad permanente». Sobre ese punto, la FIP afirmó: «La pregunta no es si el Estado debe actuar con firmeza. La pregunta es cómo hacerlo sin erosionar las reglas democráticas que pretende defender».
La fundación añadió un interrogante de capacidad: el plan promete recuperar control territorial, reformar cárceles, perseguir capitales ilícitos, combatir corrupción y fortalecer inteligencia de manera casi simultánea, con plazos de 90 días. Señaló que esa ambición convive con una tensión interna, porque el programa combina la reducción del tamaño del Estado y de los tributos con una expansión de capacidades en seguridad que implica costos sostenidos.
Paloma Valencia: más pie de fuerza y cooperación con EE.UU.
El análisis indicó que el programa de Paloma Valencia parte de un diagnóstico según el cual el Estado redujo su capacidad de control territorial y la autoridad retrocedió frente al crimen. La propuesta busca reconstruir esa autoridad mediante el fortalecimiento de la Fuerza Pública, el endurecimiento penal y la recuperación territorial, e incluye la meta de sumar 60.000 nuevos uniformados entre Policía y Ejército, y llevar el gasto del sector hacia niveles cercanos al 4% del PIB.
La FIP sostuvo que el plan «termina interpretando un desafío de debilidad estatal compleja como si fuera principalmente un problema de falta de firmeza», y que el programa no responde con claridad cómo sostener fiscal y operativamente esa expansión. Sobre la política antidrogas, señaló que la idea de una «sustitución forzosa y generosa» deja abiertas preguntas sobre su operación en el territorio.
La fundación reconoció el componente de justicia como uno de los más sólidos del programa, por su énfasis en judicialización, persecución de la reincidencia y ataque a la extorsión desde las cárceles. También identificó la apuesta por reconstruir la cooperación con Estados Unidos y recuperar una lógica cercana al Plan Colombia, aunque advirtió que esa apuesta enfrenta un contexto internacional distinto al que dio origen a ese plan.
Sergio Fajardo: el Plan Guardián y la tensión entre ambición y viabilidad
Sobre el aspirante Sergio Fajardo, la FIP afirmó que su Plan Guardián «tiene una ventaja frente a muchas de las propuestas de seguridad de la contienda», al no estar construido únicamente sobre consignas de autoridad. El programa identifica que la extorsión «se convirtió en una forma de gobierno criminal» y plantea recuperar el control de las cárceles y fortalecer la investigación.
La fundación destacó que el plan intenta «territorializar» la discusión de seguridad, al mencionar de manera explícita corredores fronterizos, zonas de presencia armada y territorios afectados por economías ilícitas. No obstante, señaló que el documento no explica por qué ciertas regiones fueron priorizadas y otras no, y que la propuesta de fortalecer el rol de alcaldes y gobernadores convive con la dificultad de muchos gobiernos locales que carecen de capacidad técnica, autonomía financiera y protección.
La FIP concluyó que la principal debilidad del plan no está en el diagnóstico, sino en la dificultad de traducir esa visión en una estrategia «electoralmente atractiva, financiable y sostenida».
Claudia López: reformas institucionales y la velocidad de respuesta
El informe indicó que la propuesta de Claudia López parte de la idea de que el deterioro de la seguridad también responde a la pérdida de capacidad del Estado para actuar de manera coherente en los territorios. Por eso, el plan pone el foco en reformas institucionales profundas y en la reorganización del sistema de seguridad y justicia, algo que la FIP reconoció como «necesario y fundamental».
La fundación destacó el componente de justicia como una de las «discusiones más serias de toda la contienda», con la creación de una Fiscalía Antimafia y el fortalecimiento de la investigación criminal. Sin embargo, advirtió que la principal limitación del programa está en la velocidad de respuesta, porque las transformaciones profundas del Estado toman tiempo mientras las estructuras criminales siguen expandiendo su control.
La FIP planteó que el programa deja abierta «la pregunta más difícil de responder: cómo enfrentar una crisis de seguridad urgente mientras se intenta transformar lentamente el aparato estatal que debería resolverla».
Tres preguntas sin respuesta
En su balance general, la FIP concluyó que las cinco propuestas reconocen el deterioro de la seguridad y coinciden en hablar de control territorial, crimen organizado, rentas ilegales, cárceles, justicia, fortalecimiento de la Fuerza Pública y cooperación internacional, pero que ninguna resuelve con claridad tres preguntas.
La primera es cómo priorizar y por dónde comenzar, dado que el Estado no tiene capacidad de intervenir simultáneamente todos los territorios y todas las economías ilícitas. La segunda es cuál es la teoría de cambio, porque, según el documento, «más pie de fuerza no necesariamente produce más seguridad» y «más cárceles no necesariamente reducen el crimen». La tercera es con qué recursos, en un escenario de presupuesto tensionado y déficit alto.
La fundación afirmó que las propuestas que prometen al mismo tiempo más Fuerza Pública, más cárceles, más tecnología, más programas sociales, reducción de impuestos y ajuste fiscal «deben mostrar números, fuentes y tiempos», y que, de lo contrario, son «programas políticamente atractivos, pero administrativamente frágiles».
El informe cerró con un planteamiento sobre la ruta que considera necesaria: «El desafío no es hacer más ni empezar desde cero, sino hacer mejor, de manera articulada y con un uso más estratégico de las capacidades disponibles». La FIP sintetizó esa idea con una frase: «es ordenar la casa».
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