UIAF asegura que Colombia ya cumplió para volver al grupo Egmont
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, afirmó este lunes que Colombia cumplió la totalidad del plan de mejoramiento exigido por el Grupo Egmont para levantar la suspensión que pesa sobre el país desde 2024, por lo que la entidad quedó a la espera de que esa organización internacional de cooperación contra los delitos financieros le notifique, por canales informales o en su sesión plenaria de julio en Azerbaiyán, el momento en que podrá volver a intercambiar información de manera plena con las demás unidades de inteligencia financiera del mundo.
«Ya todas las condiciones para levantar la suspensión de acceso a los sistemas de información ya está ejecutada», señaló Mejía, quien agregó que la entidad ya recibió la certificación correspondiente: «Ya tenemos un correo electrónico donde nos certifican el cumplimiento de ese plan de mejoramiento».
El director explicó que la decisión puede darse de dos maneras. La UIAF está, en sus palabras, «a la espera de la decisión» sobre si el organismo levanta la sanción «por canales informales» o si lo resuelve en el pleno del Grupo Egmont, «que es en el mes de julio, última semana, en Azerbaiyán».
En otro momento de la rueda de prensa, Mejía sostuvo que «ya hemos superado y hemos cumplido todo el plan de mejoramiento del Grupo Egmont» y dijo que la entidad espera que «por canales formales» le determinen cuándo empezará a «interactuar de manera abierta y tranquila con todo el sistema de información Egmont», o que, «en su defecto», la decisión quede aplazada para la sesión de julio.
Mejía indicó que la entidad ya hizo un pago para mantener su vínculo con la organización. «Acabamos de pagar la suscripción, eso es por membresía» que «cuesta 50.000 dólares» y confirmó que ese valor corresponde a un pago anual.
El Grupo Egmont es una organización internacional que articula a las unidades de inteligencia financiera de distintos países para el intercambio de información sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. El 23 de septiembre de 2024, esa organización suspendió el acceso de la UIAF a su red segura de intercambio de información, conocida como Egmont Secure Web, luego de que el presidente, Gustavo Petro, divulgara públicamente información reservada relacionada con la presunta compra del software espía Pegasus. La medida dejó a Colombia sin acceso directo a esa red.
El caso ‘Papá Pitufo’
Durante el encuentro, Mejía se refirió a las versiones sobre supuestas conversaciones de la entidad con Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’. «Creo que la entidad, a título de entidad, no ha conversado con Diego Marín», dijo, y explicó que la UIAF no halló un registro interno de ese acercamiento: «no tenemos trazada un documento de emisión de trabajo de caso que dé cuenta de una misión de trabajo que tuviera como propósito entrevistarse con Diego Marín».
El director no descartó, sin embargo, que el contacto haya ocurrido. Dijo que «pudo haber pasado algo distinto» y que «es posible que sí se haya tenido esa conversación», aunque su registro no haya quedado documentado. Añadió que cualquier conversación de la entidad con Marín tendría que ser consultada antes con el jefe de Estado: «en todos los casos se le consultará al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, si autoriza o no autoriza adelantar estas conversaciones».
Mejía confirmó que la entidad adelanta indagaciones internas sobre el asunto. Dijo que «se están adelantando unas indagaciones por parte de la oficina de control interno e inspección» y precisó que esas verificaciones se abrieron por dos motivos. El primero, según explicó, es que «se usó recursos de gastos reservados para la misión de trabajo que se dice que se utilizó para entrevistar a Diego Marín».
El segundo es la denuncia penal sobre el caso, que, según relató, el exdirector Jorge Lemus informó públicamente que se había instaurado ante la Fiscalía General de la Nación. «Esa la firmé yo», afirmó Mejía. «Ya me tocó firmar el traslado de esa noticia criminal, de ese hecho aparentemente criminal a la Fiscalía General de la Nación», agregó.
Diego Marín Buitrago, señalado como contrabandista, fue vinculado a un caso conocido en abril de 2026, cuando Noticias Caracol reveló grabaciones de reuniones entre Jorge Arturo Lemus Montañez —entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y luego director de la UIAF— y el abogado de Marín. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación por esos hechos. Lemus dejó la dirección de la UIAF y fue reemplazado por Mejía mediante decreto del Ministerio de Hacienda fechado el 7 de abril de 2026.
Los archivos de ‘Calarcá’
Mejía se pronunció también sobre los señalamientos derivados de los llamados archivos de alias ‘Calarcá’, jefe de una de las disidencias del Estado Mayor Central de las antiguas Farc. El director negó tener vínculos con grupos armados: “Siempre he dicho que no he tenido relación con ninguna estructura armada ilegal en el país, sea disidencia, o Clan del Golfo, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o con estructuras delincuenciales en las ciudades del país».
El funcionario afirmó que sus contactos en zonas con presencia de grupos ilegales obedecieron a su trabajo profesional. Dijo que sus acercamientos «obedecieron a labor periodística, o trabajo de campo», «en el desarrollo de mi profesión en el marco de la formulación de planes, programas y proyectos», y agregó que «cuando uno está en territorio controlado por grupos al margen de la ley, sí o sí está sometido a las particularidades de esos territorios».
Mejía sostuvo que tuvo «contactos en múltiples momentos y de distintas maneras, tranquilas y no tan tranquilas», «sobre todo en Antioquia, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño», y dijo que en esa región trabajó como asesor y como periodista de dos medios alternativos.
El caso al que se refirió Mejía se originó el 23 de julio de 2024, cuando el Ejército detuvo en un retén militar en la vía Medellín-Anorí, en Antioquia, una caravana de siete camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que transportaba a siete cabecillas del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, entre ellos alias ‘Calarcá’ —Alexander Díaz Mendoza— y alias ‘Ramiro’.
En el procedimiento, las autoridades incautaron armas, dinero, un menor de edad y dispositivos electrónicos, entre ellos computadores, memorias USB y teléfonos. Ese material permaneció más de un año en poder de las autoridades sin que se conocieran actos procesales, hasta que en noviembre de 2025 Noticias Caracol difundió su contenido en el informe «Los archivos secretos de Calarcá», en el que se mencionó a Mejía —entonces director de Inteligencia Estratégica de la DNI e identificado en esos documentos con el alias «El Chulo»— como presunto facilitador de información reservada a esas estructuras.
Sobre las actuaciones en su contra, Mejía recordó que la Procuraduría General de la Nación, el 27 de noviembre de 2025, «abrieron una investigación preliminar sobre este tema puntual, con una sanción cautelar de suspensión del cargo de director de inteligencia de la DNI por tres meses», medida que el Viceprocurador General confirmó el 23 de diciembre de ese año. El director dijo que esas indagaciones «son reservadas», que el proceso «ya tiene que cerrar, o abrir ya de manera formal» en los próximos días y que, por ahora, «la decisión que mantiene la Procuraduría es de mantener levantada la suspensión».
En cuanto a la Fiscalía, Mejía cuestionó el manejo que se le dio al material incautado en ese operativo. El director afirmó que los dispositivos no tuvieron la custodia debida y que se hicieron copias completas de la información, a las que llamó «espejos plenos». «Hubo espejos plenos de toda esa información que quedaron en manos de la Policía Nacional, sobre todo de la DIJIN y de la DIPOL, pero también quedaron en manos de la inteligencia del Ejército Nacional», dijo, y agregó que «en Colombia los espejos plenos están prohibidos por ley». Sostuvo que esas copias terminaron incluso en manos de civiles, que dos periodistas las tienen y que las instituciones del Estado pidieron el material de manera formal solo «cuando ya está en manos hasta de civiles».
El director aseguró que parte de esa información fue revisada en su presencia. Según relató, una periodista verificó contenidos de esos dispositivos y, «en 72 dispositivos de almacenamiento que había verificado, no encontró nada que hiciera referencia a Wilmar Mejía o Wilmer Mejía». El funcionario afirmó que en esos archivos aparecen personas con nombres parecidos al suyo: mencionó «un Wilmar en el Catatumbo» que, según dijo, tenía la tarea de llevar «40 pollos a un sitio cualquiera» y cuya voz quedó identificada en las grabaciones, y «otro Wilmer» registrado en otra zona.
Mejía sostuvo que la Fiscalía deberá pronunciarse sobre esos hallazgos y que se defenderá «en su debido momento si se apertura una investigación». «Por ahora estoy tranquilo en todas mis actuaciones», concluyó.
/Colprensa
