La Procuraduría requirió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y a la agente interventora de la electrificadora AIR-E, Tania Patricia Peñaranda Zuleta, para que expliquen los avances operacionales y financieros alcanzados durante los 19 meses de intervención administrativa de la empresa que distribuye y comercializa energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, al advertir que no se evidencian resultados estructurales que garanticen la viabilidad de la compañía.
El ente de control señaló que, a la fecha, no existen estados financieros plenamente verificados de la electrificadora ni se registra la publicación de los informes de auditoría correspondientes, y pidió a la SSPD y a la interventora sustentar las decisiones adoptadas durante el proceso.
A esa situación, el Ministerio Público sumó el aumento sostenido del pasivo corporativo de la empresa y las presuntas irregularidades contractuales conocidas públicamente. Además, advirtió que la rotación de interventores —cinco hasta el momento— afecta la continuidad y la trazabilidad técnica, administrativa y documental de la intervención.
Frente a la falta de una solución empresarial definitiva, la Procuraduría solicitó a la SSPD remitir la hoja de ruta actualizada para AIR-E y detallar los mecanismos de empalme implementados entre las distintas administraciones.
A la empresa intervenida le exigió entregar los estados financieros auditados desde septiembre de 2024, la relación precisa de los contratos superiores a $500 millones y un plan de acción concreto para atender las obligaciones acumuladas con el mercado.
Una deuda que creció tras la intervención
La intervención de AIR-E comenzó el 12 de septiembre de 2024, cuando la SSPD asumió el control de la empresa que presta el servicio a cerca de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La medida se adoptó porque la compañía registraba incumplimientos de pago en el mercado mayorista de energía, deterioro patrimonial y riesgo en la continuidad del servicio.
Antes de la intervención, la deuda de la empresa rondaba los $530.000 millones, según cifras del Ministerio de Minas y Energía. Después del proceso, el pasivo se incrementó: el mismo Ministerio calculó la deuda en alrededor de $2,55 billones a comienzos de 2026. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) cifró en $1,6 billones la deuda de AIR-E con el sector eléctrico, de los cuales $1,1 billones corresponden a las plantas térmicas de la región Caribe.
El presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, sostuvo en marzo de 2026 que, pese al tiempo transcurrido desde la toma de posesión, «la incertidumbre sigue siendo muy alta».
Por la dirección de la empresa pasaron Carlos Diago, Edwin Palma (hoy ministro de Minas y Energía), Diana Bustamante y Nelson Vásquez, antes de la designación de Tania Peñaranda.
La revisoría fiscal Ernst & Young emitió una abstención de opinión sobre los estados financieros de AIR-E porque no recibió la información necesaria para emitir un concepto profesional.
En el plano penal, la Fiscalía citó a imputación a los ex interventores Bustamante y Vásquez por el delito de fraude a resolución judicial, ante la negativa a entregar información sobre la administración de la empresa.
El proceso transcurre en medio de alertas sobre el suministro. La empresa XM, operadora del Sistema Interconectado Nacional, advirtió un déficit de oferta de energía en firme del 2,3% para 2026, equivalente a entre 250 y 300 megavatios.
Aandeg, por su parte, alertó que AIR-E podría enfrentar dificultades para asegurar todo el suministro requerido en 2026, mientras el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, afirmó que el 86% de la energía requerida para ese año ya está asegurado mediante contratos bilaterales.
- COLPRENSA
