Tras realizar una serie de visitas a cárceles del país, la Defensoría del Pueblo reafirmó que la crisis penitennciaria sigue siendo demasiado grave. La entidad encontró que persisten fallas estructurales que afectan a los centros de reclusión, como la infraestructura antigua y obsoleta, quejas constantes en la alimentación, hacinamiento penitenciario desbordado y afectaciones en la resocialización de las mujeres privadas de la libertad.
La entidad encontró además que solo el 20 % de los municipios subsidiados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) presentó planes para asumir el servicio de alimentación. En infraestructura, persiste el hacinamiento en estaciones de Policía, ya que los entes territoriales no han adecuado espacios temporales ni construido cárceles para sindicados.
En Total la entidad visitó 20 establecimientos penitenciarios, 16 % del total en funcionamiento, que en su interior albergan más de 33,000 personas.
En la prestación de servicios de salud, además de otros hallazgos, la entidad detectó barreras recurrentes en la provisión de servicios: demoras en la autorización de procedimientos, dificultades para la asignación de citas especializadas y problemas de abastecimiento de medicamentos, como el presentado de manera crónica en La Modelo y El Buen Pastor, en Bogotá.
Por último el informe revela que en solo tres centros fueron identificadas 231 mujeres candidatas a la aplicación de la sustitución de la pena de prisión contemplada en la Ley de Utilidad Pública. Pero aún falta mano de la justicia para lograr el beneridi
«Este hallazgo indica la necesidad de aumentar el esfuerzo colectivo con jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para contribuir a que accedan a la justicia y, en particular, al tratamiento penal diferenciado, con enfoque de género y respuestas diferentes a la prisión. Adicionalmente, deben ser priorizados los trabajos restaurativos», explicó la Defensoría.
