La Procuraduría General de la Nación advirtió este martes fallas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que mantienen a un número significativo de niñas, niños y adolescentes por largos periodos en el sistema de protección, por fuera de los tiempos fijados en la ley, retrasando su retorno al hogar de origen o la posibilidad de acceder al derecho a tener una familia a través de la adopción.
A partir de la recolección de información realizada en 2025, el ente de control evidenció debilidades institucionales, demoras en la resolución jurídica de los procesos, falta de talento humano en los equipos de defensorías de familia y limitaciones en las modalidades de atención inicial en hogares de paso y centros de emergencia. Asimismo, identificó casos en los que los procesos no se adelantan conforme a la ley y no son trasladados a las autoridades judiciales competentes, lo que prolonga la incertidumbre de los menores de edad.
De acuerdo con la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, los procesos administrativos de restablecimiento de derechos con altas permanencias sin justificar normativamente, o sin actualización en el Sistema de Información Misional (SIM), se concentran principalmente en Bogotá D.C., con 7.963 casos; Valle del Cauca, con 4.594, y Antioquia, con 1.401, donde un número importante de niñas, niños y adolescentes esperan una definición perentoria de su situación jurídica.
El órgano de control también identificó 1.411 procesos con presunta alta permanencia originados en 2023, de los cuales 1.082 se encuentran en verificación por parte de la entidad.
Ante este escenario, los procuradores judiciales de familia iniciaron un plan de intervención nacional para acelerar la respuesta institucional. La medida contempla la remisión de solicitudes a las regionales del ICBF para resolver de inmediato los casos pendientes, la depuración del Sistema de Información Misional (SIM) y el traslado de los expedientes a los Juzgados de Familia cuando corresponda.
La Procuraduría señaló que el plan incluye, además, posibles actuaciones disciplinarias en caso de incumplimiento de los términos legales establecidos en la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, y la Ley 1878 de 2018, que reformó los plazos del proceso.
La Ley 1878 de 2018 fijó un término de seis meses contados a partir del conocimiento de la presunta amenaza o vulneración de derechos para que la autoridad administrativa defina la situación jurídica del menor de edad, plazo calificado como improrrogable salvo prórroga excepcional. El proceso administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento tiene una duración máxima de 18 meses, contados desde el conocimiento de los hechos hasta la declaratoria de adoptabilidad o el cierre del expediente por reintegro al medio familiar.
La misma norma estableció que el incumplimiento de esos términos por parte de las autoridades administrativas y judiciales constituye falta gravísima en materia disciplinaria.
El ICBF atiende cerca de 1,7 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país a través de programas de protección, nutrición y primera infancia. Existen 21.197 procesos activos de restablecimiento de derechos para proteger a menores víctimas de diferentes vulneraciones, que implican seguimiento institucional y, en algunos casos, ingreso a hogares sustitutos o centros de protección.
Entre enero y septiembre de 2025, el ICBF abrió 15.853 procesos de restablecimiento de derechos para proteger a menores víctimas de violencia sexual. El 85 % de las víctimas son niñas. Del total de casos por violencia sexual registrados en 2025, 4.418 corresponden a niños entre 6 y 12 años y 1.549 a menores entre 0 y 6 años.
Los procesos abiertos por el ICBF se concentran principalmente en Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Atlántico, territorios que coinciden en buena parte con los señalados por la Procuraduría como críticos en demoras.
La advertencia se suma a hallazgos previos del ente de control. En visitas de verificación realizadas en Medellín, la Procuraduría identificó casos de niños, niñas y adolescentes que llevaban más de dos y hasta cuatro años bajo medidas de protección, sin que se resolviera su situación jurídica ni se concretara su derecho a vivir en familia, bien sea mediante el retorno a su entorno familiar o a través de procesos de adopción.
Mientras miles de menores de edad permanecen sin definición jurídica, la otra ruta del sistema avanza con cifras propias. Según el ICBF, en lo corrido de 2025 se realizaron 692 adopciones hasta septiembre, y actualmente 198 familias nacionales y 252 internacionales esperan dar un hogar a un niño, niña o adolescente.
De ese total, 441 presentan características o necesidades especiales, ya sea por su edad, condición de salud o porque hacen parte de grupos de hermanos. Desde 2006 hasta 2025, 32.448 niñas y niños han sido adoptados, y en los últimos cinco años se han concretado 5.622 adopciones, de las cuales 3.563 corresponden a niños con discapacidad o características especiales.
La Procuraduría sostuvo que el plan nacional buscará verificar caso por caso el avance de los expedientes represados, evitar nuevas dilaciones y activar las rutas judiciales cuando los defensores de familia hayan perdido competencia. El ente de control reiteró que los términos previstos en las leyes 1098 de 2006 y 1878 de 2018 no son optativos y que su incumplimiento puede derivar en investigaciones disciplinarias contra los funcionarios responsables.
/Colprensa.
