La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó este martes a sus familiares el cuerpo de la séptima víctima de desaparición forzada hallada en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, un obrero de 23 años, padre de una niña de un año al momento de los hechos, desaparecido en septiembre de 2002 presuntamente por integrantes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Esto, tras más de dos décadas de búsqueda por parte de su familia y de las organizaciones que solicitaron las medidas cautelares sobre ese predio del occidente de la capital antioqueña.
El cuerpo fue encontrado el 25 de septiembre de 2025 por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la JEP, en el área ampliada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad en abril de ese año, a pocos metros del sitio donde fueron halladas las seis víctimas anteriores. La identificación fue realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Según la JEP, este joven es la primera víctima identificada en La Escombrera que no vivía en la Comuna 13, sino en el sector oriental de Medellín, dato que, en palabras de la propia Jurisdicción, «corrobora lo afirmado por las mujeres buscadoras que continuamente señalaron la posibilidad de que dicho lugar hubiera sido utilizado como sitio de inhumación por parte de estructuras criminales de las AUC que hacían presencia y ejercían control en amplias zonas de la ciudad».
La justicia transicional precisó que los indicios recopilados indican que las siete víctimas halladas hasta ahora en La Escombrera habrían sido desaparecidas por el Bloque Cacique Nutibara de las AUC entre junio y octubre de 2002, período que coincide, según los registros de la propia entidad, con el semestre de mayor ocurrencia de desapariciones forzadas en la historia de Medellín.
Con esta entrega, la JEP completó la identificación y devolución de las siete víctimas halladas hasta la fecha en este predio. Los hallazgos anteriores correspondieron a una mujer de 20 años, coordinadora de un grupo juvenil deportivo, desaparecida el 30 de julio de 2002 desde el corregimiento de San Cristóbal; a un vendedor ambulante de 28 años en condición de discapacidad, desaparecido el 13 de octubre de 2002 desde el barrio Belencito de la Comuna 13; y a otros cuatro hombres jóvenes desaparecidos entre junio y octubre de ese mismo año, cuyos cuerpos fueron entregados a sus familias entre abril y julio de 2025.
*EL CASO 08 Y EL ROL DEL BLOQUE CACIQUE NUTIBARA*
Estos crímenes hacen parte de las investigaciones de la JEP sobre hechos ocurridos en Antioquia, en los que presuntamente participaron integrantes de la fuerza pública junto a grupos paramilitares y civiles durante el conflicto armado. La JEP documentó que entre 2001 y 2004 se realizaron al menos 34 operaciones militares en la Comuna 13 de Medellín, entre ellas la Operación Orión, ejecutada en octubre de 2002.
El Bloque Cacique Nutibara estuvo bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien en versión libre del 19 de abril de 2013 afirmó que en La Escombrera podrían estar enterradas más de 500 personas. Una sentencia del 24 de septiembre de 2015 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín, citada por la JEP en sus investigaciones, sostiene que «la desaparición forzada de personas fue un medio utilizado para no aumentar los índices de homicidio de la ciudad, como una forma de ‘colaboración’ con la fuerza pública, y especialmente la Policía, porque los desaparecidos no contaban y los cadáveres sí».
La misma sentencia consigna que «los integrantes del Bloque Cacique Nutibara no sólo aterrorizaban a la población, sino que sacaban a las víctimas de sus casas, las amarraban, torturaban y/o asfixiaban mecánicamente y luego eran desmembradas, descuartizadas y/o decapitadas». En enero de 2025, la JEP confirmó que los cuerpos exhumados presentaban lesiones compatibles con proyectiles de arma de fuego, específicamente tiros de gracia, y signos de violencia peri mortem.
La intervención forense en La Escombrera completó 20 meses. Durante ese tiempo fueron removidos más de 62.000 metros cúbicos de tierra, según los reportes de la Jurisdicción. Las primeras estructuras óseas fueron halladas el 18 de diciembre de 2024, tras una intervención judicial ordenada en 2020 a petición del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y de las organizaciones sociales de la Comuna 13.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) registra un universo de 5.912 personas desaparecidas en Medellín en el marco del conflicto armado, de las cuales se presume que 502 fueron desaparecidas en la Comuna 13. La intervención se desarrolla bajo las medidas cautelares solicitadas por las organizaciones Mujeres Caminando por la Verdad, la Corporación Jurídica Libertad, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, la Fundación Santa Laura Montoya y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, que durante más de dos décadas señalaron a este predio como sitio de inhumación clandestina.
Según el registro de la Revista RAYA, al menos 27 mujeres integrantes del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad murieron sin conocer el paradero de sus familiares. Cuando se confirmaron los primeros hallazgos, en diciembre de 2024, Luz Elena Galeano, integrante del colectivo y esposa de Luis Javier Laverde, desaparecido en la Comuna 13 en 2008, dijo: «No estábamos locas, siempre hemos dicho la verdad».
La JEP señaló que el hallazgo del séptimo cuerpo «refuerza la necesidad de continuar las labores de búsqueda, ante la posibilidad de que el número de personas desaparecidas e inhumadas en este sector de la Comuna 13 sea mayor, como lo han señalado las víctimas y las organizaciones que solicitaron las medidas cautelares y que acompañan la intervención forense».
/Colprensa.
