La Contraloría respondió este martes al presidente, Gustavo Petro, y le advirtió que las presiones fiscales y el mayor costo del endeudamiento reflejan problemas de disciplina y rigurosidad fiscal, en medio de un cruce público por el manejo de la deuda en el que el mandatario calificó de «increíble» al órgano de control y aseguró que «le faltan economistas».
A través de la red social X, el ente de control dirigió un mensaje al Jefe de Estado en el que sostuvo que «los ingresos tributarios presupuestados han superado, de forma reiterada, el recaudo efectivo, y el gasto no se ha ajustado oportunamente a escenarios realistas, ampliando el déficit y aumentando la necesidad de endeudamiento a tasas cada vez más altas».
La entidad planteó que la salida a la situación fiscal «exige un sinceramiento de las cuentas públicas y una programación presupuestal prudente y coherente con la realidad fiscal», y advirtió que, de cara al Presupuesto de 2027, el país «requiere una estructura de gasto responsable que permita cerrar gradualmente las brechas fiscales y preservar la sostenibilidad de la deuda en el mediano y largo plazo».
La Contraloría agregó que continuará ejerciendo su función constitucional de vigilancia y control sobre el desempeño de las finanzas públicas.
El pronunciamiento del órgano de control se produjo después de que el Presidente respondiera, también en X, a una publicación sobre el primer balance de seguimiento que la Contraloría hizo a la advertencia que emitió hace un mes al Ministerio de Hacienda por el manejo de la deuda pública.
«Increíble, a la Contraloría le faltan economistas. Un economista de primer año sabe que si un Banco Central eleva las tasa de interés también se las eleva al endeudamiento interno del gobierno», escribió el mandatario.
Petro comparó el accionar del ente de control con el del exprocurador Alejandro Ordóñez. «Estamos ya como Ordóñez que quiso disciplinar mi política sobre reciclaje, ahora la Contraloría quiere disciplinar la visiones diferentes de la economía», expresó.
El mandatario explicó que la deuda a largo plazo se toma porque «hay que pagar sin un día de tardanza los compromisos de deuda actual por orden de la constitución» y porque la deuda nueva «la pone el mercado y es a la tasa que el mercado diga, no la que el gobierno quiera».
Añadió que ese endeudamiento se contrata para que, cuando bajen las tasas de interés, se prepague «la deuda cara con deuda barata» y se salga de lo que llamó «el mal momento de la deuda inducida por una muy perversa política de alza de la tasa de interés del BanRepública».
EL BALANCE QUE DETONÓ LA DISPUTA
El intercambio coincidió con el día en que la Contraloría presentó en Bogotá el primer balance de seguimiento a la advertencia hecha al Ministerio de Hacienda. En ese informe concluyó que persisten los riesgos fiscales asociados a las recientes operaciones de financiamiento del Gobierno.
El organismo cuestionó la adjudicación de Títulos de Tesorería (TES) realizada el 13 de mayo de 2026, por cerca de $6 billones, que se hizo a tasas 68 puntos básicos por encima de las registradas en la subasta del 29 de abril. «El mantenimiento de tasas elevadas en la colocación de deuda podría aumentar significativamente la carga futura del servicio de la deuda pública», señaló la entidad.
También objetó la Resolución 0946, expedida el 5 de mayo por el Ministerio de Hacienda, que amplió el mecanismo de sobreadjudicación de TES y permite ahora al Gobierno adjudicar hasta el 100% del monto inicialmente convocado cuando la demanda alcance tres veces la oferta, frente al tope histórico del 50% con una demanda de 2,5 veces.
La Contraloría agregó que las tasas de los TES de corto plazo superan las de los títulos de largo plazo, un comportamiento contrario al observado históricamente en el mercado, y advirtió que de continuar las adjudicaciones bajo las condiciones actuales podría comprometerse la meta de déficit fiscal de 2026, fijada en -5,1% del PIB, e incluso superar el -6,4% registrado en 2025.
La entidad confirmó que el 14 de mayo notificó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, una observación con presunta incidencia disciplinaria relacionada con el manejo de la deuda pública, en el marco de la auditoría financiera correspondiente a la vigencia 2025. El proceso, indicó, avanza en la etapa de respuesta y análisis por parte del Ministerio.
El informe identificó concentraciones críticas de vencimientos de deuda en 2026, 2029 y 2030, lo que obligará al Gobierno a realizar una gestión activa del portafolio financiero.
«La inercia en el gasto no es solo un rezago administrativo, sino una falla de gestión pública: cada peso no ejecutado oportunamente es una oportunidad perdida para los ciudadanos», afirmó el contralor general Carlos Hernán Rodríguez.
La Contraloría agregó que la baja ejecución de la inversión pública representa un riesgo para la reactivación económica: del Presupuesto General de la Nación para 2026, que asciende a 555,7 billones de pesos, el rubro de deuda registra una ejecución del 37,5%, mientras que la inversión apenas alcanza el 19%.
- colprensa
