Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, aseguró que no ha sido notificada formalmente de la apertura de una investigación en su contra por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), proceso anunciado este jueves por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.
La legisladora reclamó garantías, al considerar que se filtraron versiones del expediente antes de que ella misma conociera el contenido oficial del trámite.
A través de un video y un mensaje en la red social X, la congresista guajira afirmó: «No he sido notificada de ninguna investigación formal ni de apertura de proceso alguno en mi contra por el caso Ungrd».
Agregó que «resulta muy grave que ciertos medios y bodegas tengan primero información que, además, debería estar amparada por la reserva del proceso».
Peralta sostuvo que el caso debe estar cubierto por la reserva legal y cuestionó la divulgación previa del contenido del expediente.
«Aquí hay una evidente falta de garantías y una violación al debido proceso», señaló y preguntó, «¿Por qué se filtran versiones interesadas antes de informar oficialmente a la persona involucrada?».
La senadora añadió que, en caso de existir una apertura formal, su decisión será continuar con la línea de defensa que ha sostenido. «Lo que me corresponde es hacer lo que he venido haciendo: defenderme con la verdad y con transparencia», puntualizó.
En el mismo pronunciamiento, vinculó la situación con su trabajo legislativo. «Llevo meses siendo blanco de una campaña sistemática de mentiras y estigmatización por defender las reformas del cambio desde el Congreso», afirmó y advirtió que «no me van a intimidar ni voy a retroceder. Seguiré trabajando y dando las peleas que el país necesita».
LA DECISIÓN DE LA CORTE
La reacción de Peralta se produjo después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, reunida en sesión ordinaria, informara que abrió investigación formal contra la senadora «por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio».
El alto tribunal precisó que «se investiga su presunta responsabilidad en el direccionamiento de contratos» de la Ungrd y que la congresista será citada a indagatoria.
La ponencia que dio lugar a la apertura del proceso fue radicada por la magistrada Cristina Lombana. La Fiscalía General de la Nación había compulsado copias a la Corte en abril de 2025 para que el alto tribunal asumiera el caso, dado su fuero legislativo.
El expediente se concentra en un contrato firmado el 25 de octubre de 2023 por $2.170 millones, destinado a la contratación de 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas para labores en Riohacha (La Guajira), con la empresa Inversiones IRL SAS, representada por Isaac Francisco Riscala Lozano y Jorge Riscala Muvdi.
Según el testimonio del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, el 19 de septiembre de 2023 se realizó una reunión en la sede de la entidad con Peralta, los contratistas y el entonces subdirector Sneyder Pinilla.
«La senadora pide una cita para que la atienda en la Ungrd y llega con unos amigos de la senadora Martha Peralta. Me dice que ellos son propietarios de maquinaria amarilla y que los contrate para La Guajira», declaró López ante la justicia.
El exfuncionario añadió que, tras la reunión grupal, sostuvo un diálogo privado con la congresista en el que ella le habría dicho que la contratación «iba a ayudar mucho en su campaña en el proceso en el territorio».
EL ENTRAMADO MAYOR
El caso de Peralta se inscribe en la investigación sobre el llamado «carrusel» de contratación que, según la Fiscalía, sirvió para asegurar votos a favor de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro.
Durante la audiencia de imputación de cargos contra los ex ministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, la senadora fue mencionada como una de las articuladoras de la estrategia para el trámite de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado, de la que hace parte.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, explicó en esa diligencia que «en la Comisión Séptima se estaba tramitando la reforma pensional, de esa Comisión hacían parte las senadoras Martha Peralta y Berenice Moreno. Y en esa Comisión el ministro Velasco envía a Olmedo López para que le colabore a la senadora Peralta con lo que ella necesite para que ampliara las mayorías que requería el Gobierno para la aprobación de esa reforma».
De acuerdo con el ente investigador, Peralta habría sido beneficiaria de contratos vinculados a cuatro proyectos radicados en el Instituto Nacional de Vías (Invías) por más de $571.000 millones, y a cinco proyectos en la Ungrd por más de $40.000 millones, dentro del esquema de «cupos indicativos» entregados a congresistas a cambio de respaldo legislativo.
Peralta, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y reelegida al Senado el pasado 8 de marzo, ha negado en pronunciamientos anteriores haber participado en reuniones con López, Pinilla o contratistas interesados en el contrato de maquinaria amarilla para La Guajira.
La congresista cerró su pronunciamiento del jueves dirigiéndose a sus seguidores: «Aquí voy a estar con la frente en alto, a seguir trabajando por el país. Vamos pa’ lante, vamos con ánimo, vamos con fuerza».
/Colprensa.
