Con la realización de una audiencia pública en el municipio de Ariguaní, autoridades locales y nacionales abordaron las afectaciones derivadas de la prestación del servicio de energía eléctrica en el departamento del Magdalena.
El espacio fue convocado por la alcaldesa de Ariguaní, María Paola Álvarez, en conjunto con la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República, con el propósito de escuchar a la comunidad y a los mandatarios sobre las fallas recurrentes en el suministro eléctrico.
La sesión fue presidida por el senador Carlos Mario Farelo, quien recibió las intervenciones de los asistentes relacionadas con interrupciones del servicio, variaciones de voltaje y altos costos en la facturación.
Durante su intervención, la alcaldesa de Ariguaní se refirió a la situación del servicio en el municipio. “En menos de una hora pueden presentarse hasta 15 bajones de energía. Las líneas de 110 voltios están funcionando hasta en 83 voltios y las de 220 fluctúan entre 130 y 186 voltios”, expresó.
En el desarrollo de la audiencia también se trataron temas como las tarifas del servicio, la falta de inversión en infraestructura y las intervenciones realizadas en la red eléctrica, las cuales, según los mandatarios, no han representado mejoras sustanciales en la prestación.
En el encuentro, Afinia no presentó propuestas concretas para atender la problemática, mientras que Air-e manifestó disposición para evaluar alternativas orientadas al mejoramiento del servicio.
El presidente de la Comisión solicitó la instalación de una oficina de atención en Ariguaní, la realización de una nueva audiencia de seguimiento y la suspensión de los cortes de energía en el corregimiento de Carmen de Ariguaní, además de la atención a los requerimientos de los municipios participantes.
A la jornada asistieron los alcaldes de Santa Ana, Nueva Granada y Guamal, así como delegados de Plato, Sabanas de San Ángel y El Retén. También participaron representantes del Ministerio de Minas y Energía, la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Magdalena y otras autoridades locales y departamentales.
