La Defensoría del Pueblo presentó el segundo informe de seguimiento al «Compromiso por un proceso electoral libre y en paz», revelando un preocupante deterioro en la calidad del debate político en Colombia.
Según el organismo, el nivel general de cumplimiento de los acuerdos por parte de las 13 candidaturas presidenciales se sitúa en un 58,3% (nivel medio), lo que representa una caída frente al 70,9% registrado en el primer periodo de monitoreo.
El periodo del informe abarca desde el 16 de diciembre de 2025 hasta el 8 de abril de 2026. Siete candidaturas han suscrito el Compromiso y seis no lo han hecho.
El informe, que analizó más de 28.000 datos entre publicaciones en redes sociales y noticias, destaca una brecha profunda entre quienes firmaron el pacto y quienes no. Mientras que las candidaturas suscriptoras mantienen un cumplimiento del 86,4%, aquellas que no se adhirieron formalmente al compromiso apenas alcanzan un 40,2% de alineación con principios de no violencia y veracidad.
A pesar de que existen indicadores positivos en áreas como la defensa de la democracia (98,7%) y el reconocimiento de la juventud (100%), la Defensoría encendió las alarmas en tres puntos específicos calificados como críticos:
Información veraz: Registró un cumplimiento ínfimo del 3,8%, evidenciando una crisis de desinformación.
Lenguaje constructivo y no estigmatización: Se situó en un 14,1%, reflejando un ambiente de descalificación personal.
Política de no violencia: Apenas alcanzó el 33,3%.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo instó a las campañas a abandonar el hostigamiento digital y la difusión de noticias falsas. Asimismo, recomendó a las instituciones del Estado fortalecer la imparcialidad y urgió a la ciudadanía a desarrollar capacidades de alfabetización digital para identificar contenidos manipulados que buscan distorsionar la voluntad popular de cara a los comicios.
De qué se trata la iniciativa
El «Compromiso por un proceso electoral libre y en paz» es una iniciativa suprapartidista liderada por la Defensoría del Pueblo con el respaldo de organismos internacionales como la MAPP-OEA, la Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia.
Su objetivo es establecer unos «mínimos éticos» para la contienda política, instando a los candidatos a renunciar al uso de la violencia, la estigmatización de los oponentes y la instrumentalización de noticias falsas (fake news).
Este pacto busca blindar el ejercicio democrático de las dinámicas de polarización extrema y garantizar que el debate se centre en las propuestas programáticas, protegiendo tanto los derechos políticos de los aspirantes como el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz para el ejercicio del voto.
/Colprensa.
