Un grupo de destacados juristas, entre ellos los expresidentes de las altas cortes César Julio Valencia Copete, Jorge Iván Palacio y Gustavo Gómez Aranguren, publicó una carta abierta dirigida al Registrador Nacional, Hernán Penagos, exigiendo garantías de transparencia para las elecciones presidenciales de 2026.
La misiva solicita la ejecución inmediata de una auditoría forense independiente y la entrega de una «copia espejo» de los softwares de escrutinio y consolidación de resultados a una firma internacional especializada.
«Permitir una auditoría forense independiente y una copia espejo de los softwares de preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados, a cargo de una firma especializada internacional de reconocido prestigio que garantice plena autonomía, imparcialidad e independencia, blindaría el proceso electoral de toda sospecha y fortalecería la legitimidad de los resultados ante la ciudadanía y la comunidad internacional», dice la misiva.
Los firmantes sostienen que el proceso actual carece de la profundidad técnica necesaria y recuerdan que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya advirtió, en 2022, sobre «deficiencias que afectaron la confiabilidad» de los resultados tras el reporte de miles de mesas en cero durante las legislativas de ese año.
Según el documento, los simulacros de acceso al código fuente ofrecidos a los partidos son insuficientes y no cumplen con los estándares internacionales de una democracia madura.
Soberanía tecnológica y control estatal
La carta enfatiza la necesidad de cumplir la sentencia del Consejo de Estado de 2018, que ordena a la Organización Electoral adquirir un software propio para el Estado, eliminando la dependencia de firmas privadas como Thomas Greg & Sons.
Los expertos citan los modelos de Brasil, México y Costa Rica como ejemplos exitosos de soberanía tecnológica, donde el control estatal de las plataformas ha consolidado la confianza ciudadana y la trazabilidad total del voto.
Finalmente, los líderes sociales y académicos advierten que la legitimidad de los comicios del 31 de mayo de 2026 depende de «la altura institucional» con la que la Registraduría asuma estos desafíos.
Exigen que el Estado recupere la propiedad intelectual de las herramientas electorales para blindar el proceso de cualquier sospecha y garantizar los derechos de todas las fuerzas políticas en contienda.
La controversia
La controversia por el control tecnológico de los comicios ha enfrentado directamente al Gobierno Nacional con la Registraduría. El presidente Gustavo Petro ha denunciado reiteradamente que el actual modelo de contratación, en el que la firma Thomas Greg & Sons lidera el consorcio encargado de la logística y el escrutinio inicial, representa un riesgo de fraude.
Según el mandatario, el Estado colombiano solo controla una mínima parte de las soluciones tecnológicas, lo que deja en manos privadas la transparencia de los resultados que la ciudadanía ve en pantalla el día de la elección.
Por su parte, diversas fuerzas políticas de oposición y la propia Registraduría defienden la integridad del sistema, argumentando que las licitaciones han contado con vigilancia de los organismos de control y que la ley exige la participación de múltiples actores para su funcionamiento.
Sin embargo, el Pacto Histórico y otros sectores insisten en que, sin una auditoría forense al código fuente y sin el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado de 2018 —que ordena que el software sea propiedad exclusiva de la nación—, las garantías para las presidenciales de 2026 siguen siendo insuficientes ante la persistencia de inconsistencias técnicas detectadas en procesos anteriores.
/Colprensa
