En el marco de la liquidación del contrato de pasaportes entre la unión Temporal a la que pertenece Thomas Greg y el gobierno nacional el pasado 30 de abril, se conoció que este aún mantiene su personalización.
Este fue el acuerdo al que llegaron el gobierno nacional y los representantes de la empresa privada que tanto cuestiona el presidente Gustavo Petro a la que señala de corrupción y hasta de dirigir las elecciones hacia un candidato presidencial opositor.
Según se pudo conocer, a esta decisión llegaron a causa del «stock» que aún mantiene Thomas Greg sobre los pasaportes hechos, los cuales se deben entregar en su totalidad antes de iniciar este nuevo modelo exigido por el presidente.
Debido a que las libretas aun existentes solo pueden ser personalizadas por las máquinas de la misma compañía, este stock aun existente debe ser utilizado en su totalidad antes de poner en marcha el nuevo modelo de pasaportes con la Imprenta Nacional, porque desecharlos podría ser considerado un detrimento patrimonial.
De acuerdo con la Canciller Rosa Villavicencio, son alrededor de 203.000 libretas disponibles para expedir de la mano de Thomas Greg & Sons.
LAS DUDAS DEL NUEVO MODELO
El pasado 1 de abril se presentó oficialmente este nuevo modelo de pasaportes cuya labor recaerá principalmente entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, a través de un proceso de varias fases que incluyen implementación tecnológica, capacitación y adecuación de instalaciones.
Durante un debate de control político, la Canciller destaco que durante esta implementación en 10 años Colombia ya tendría el control total de la expedición de estos documentos de identidad. “Sobre el tema del costo del contrato, el contrato de 10 años está valorado en 1,3 billones de pesos y no hay vigencias futuras por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso corresponde más al operador, que en este caso es la empresa pública, la Imprenta Nacional, que es quien va a operar y quien ha hecho la garantía de las vigencias futuras”, afirmó.
También señaló que “el contrato de septiembre a diciembre entre el Fondo Rotatorio del Ministerio y la Imprenta Nacional está en torno a los $185.000 millones para estos nueve meses que se van pagando, según se va facturando, de la misma manera que se hace con el actual proveedor”.
La defensa del gobierno por este nuevo modelo de pasaportes se da en paralelo a dos procesos judiciales que buscan tumbar este convenio ante presuntas irregularidades: una acción popular adelantada por el ciudadano Nicolás Dupont y una demanda por parte de la Procuraduría General de la Nación.
/Colprensa.
