La operación del ferry en Salamina ha generado una disputa institucional tras la decisión de trasladar el punto de embarque desde “La Granja” al kilómetro 3.5, lo que ha provocado afectaciones en la movilidad y el servicio.
La reubicación del ferry en Salamina ha generado en la región con aumentos en tiempos de espera, reducción de frecuencias y afectaciones en la operación del servicio.
La conectividad entre los departamentos de Magdalena y Atlántico se ha visto impactada por las decisiones adoptadas en torno a la operación del ferry en el municipio de Salamina, en medio de un escenario que involucra a autoridades ambientales, administraciones locales, operadores y entes de control. La situación se originó tras la orden de suspensión de los puertos en el punto conocido como “La Granja”, lo que modificó el esquema tradicional de transporte fluvial en la zona. Desde entonces, la movilidad entre ambas orillas del río Magdalena ha presentado variaciones significativas. Las medidas adoptadas han generado efectos en distintos sectores. La situación continúa bajo análisis institucional. El caso ha requerido intervención de varias entidades.
La decisión fue adoptada en agosto de 2025 por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, que ordenó el traslado de la operación al kilómetro 3.5 bajo el principio de precaución ambiental. Esta determinación se fundamentó en evaluaciones técnicas relacionadas con posibles riesgos en la zona del puerto histórico. A partir de ese momento, se reorganizó el punto de embarque y desembarque del ferry. La medida implicó ajustes en la logística del servicio. También generó cambios en los tiempos de desplazamiento. La disposición se mantiene vigente. Las autoridades continúan evaluando sus efectos.
Posteriormente, la Alcaldía de Salamina advirtió que el nuevo punto de operación presentó limitaciones en su capacidad, lo que derivó en congestiones y tiempos de espera prolongados para los usuarios. Según lo informado, algunos conductores reportaron demoras de hasta tres horas para cruzar. Esta situación también impactó la dinámica comercial y el abastecimiento en la región. Ante este escenario, mediante el Decreto 01 del 18 de marzo de 2026, el municipio declaró la calamidad pública. La medida buscó facilitar acciones urgentes frente a la situación. Asimismo, se solicitó a la Gobernación del Magdalena la instalación de una mesa técnica. El objetivo fue evaluar posibles alternativas.
Por su parte, el operador Transdier S.A.S. reportó una reducción en la capacidad operativa del servicio, pasando de 16 trayectos diarios a seis. También indicó que la movilización de vehículos disminuyó de cerca de 300 a aproximadamente 100 por día. A esto se sumó un incremento en los tiempos de cruce, que pasaron de ocho a cerca de 40 minutos. Según la empresa, estas variaciones están asociadas a las condiciones del nuevo punto de operación. El operador también hizo referencia al uso histórico del puerto “La Granja”. Señaló que no existiría evidencia concluyente de afectaciones ambientales. Este aspecto es materia de análisis.
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El proceso registró un nuevo desarrollo con la intervención de la Procuraduría General de la Nación, que el 8 de abril emitió un informe preventivo en el que formuló observaciones sobre la actuación de la autoridad ambiental. En el documento se mencionan posibles omisiones y falta de diligencia en algunas actuaciones. También se advierte sobre impactos que podrían considerarse desproporcionados para la población. El ente de control señaló la necesidad de revisar las decisiones adoptadas. Asimismo, indicó la importancia de garantizar el equilibrio entre diferentes intereses. El informe hace parte del seguimiento institucional al caso.
HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
Entre los hallazgos, la Procuraduría señaló que no existiría evidencia concluyente que vincule directamente la operación del ferry con procesos de erosión en la zona, indicando que estos fenómenos podrían responder a dinámicas naturales del río Magdalena. Además, identificó posibles inconsistencias en la gestión de permisos ambientales. Entre ellas, modificaciones en solicitudes y exigencias técnicas no previstas inicialmente. Estos aspectos podrían tener implicaciones en principios administrativos como la buena fe. La información continúa siendo analizada por las autoridades competentes. El caso permanece en evaluación. Las conclusiones aún no son definitivas.
MESA INTERINSTITUCIONAL
En medio de este escenario, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena ha promovido espacios de diálogo con la participación de entidades territoriales, incluyendo la Gobernación del Magdalena. En estos encuentros se han planteado alternativas orientadas a restablecer la movilidad en la zona. Las discusiones han abordado aspectos técnicos, ambientales y operativos. También se han planteado posibles soluciones temporales. Las mesas de trabajo continúan en desarrollo. Las decisiones finales dependerán de los análisis conjuntos. El proceso se mantiene abierto.
Como parte de estas acciones, se convocó a una mesa interinstitucional para el 15 de mayo de 2026 en Santa Marta, con participación de la Procuraduría, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Cormagdalena, la Gobernación del Magdalena y alcaldes de la zona. En este espacio se evaluará la viabilidad de mantener, ajustar o levantar la restricción actual, incluida la posible reactivación del punto “La Granja”. La reunión busca consolidar criterios técnicos e institucionales. También pretende definir rutas de acción. Las decisiones serán adoptadas con base en los análisis presentados. El encuentro se considera clave en el proceso. Se espera la participación de todos los actores.
Las autoridades indicaron que el objetivo es lograr un equilibrio entre la protección de los recursos naturales y la garantía de la movilidad para las comunidades que dependen de esta conexión fluvial. En ese contexto, se continuará con la presencia institucional en la zona y el seguimiento a las condiciones del servicio. La situación permanece bajo monitoreo permanente. Las decisiones que se adopten tendrán incidencia directa en la operación del ferry. El proceso sigue en curso. La definición institucional será determinante para el futuro de la conectividad en el sector.
