El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó como «pura bulla» el anuncio del presidente, Gustavo Petro, sobre el traslado a centros de reclusión de Bogotá de los voceros de la mesa de paz urbana implicados en la fiesta vallenata realizada el pasado 1 de abril en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí (Antioquia).
Las declaraciones se produjeron en medio del avance de las investigaciones disciplinarias, que ya incluyen al director del penal entre los funcionarios cuestionados, y mientras el Ministerio de Justicia reiteró que el eventual traslado de los reclusos depende de evaluaciones técnicas a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
El pronunciamiento del mandatario local se conoció a casi un mes de los hechos, cuando todavía no se ha concretado el traslado anunciado por el Ejecutivo y luego de que la Procuraduría General de la Nación abriera proceso disciplinario contra Édgar Iván Pérez Ortega, director del centro de reclusión, con lo que ya son 13 los servidores del Inpec vinculados al caso.
«Pura bulla. Mire, usted le parece normal que en una cárcel de máxima seguridad hubieran podido hacer lo que hicieron o lo que han hecho. Han ordenado delitos desde allá. Dijeron traslados para tratar de calmar la cosa», afirmó Gutiérrez.
El alcalde añadió que «ya estamos viendo quiénes son los que mandan. Mandan desde la cárcel, no manda el Gobierno», en referencia al control que, a su juicio, mantienen los internos sobre la administración del penal.
Frente a los cuestionamientos, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, señaló días atrás que la directriz presidencial sobre el traslado se mantiene, pero que su ejecución corresponde al Inpec y exige el cumplimiento de varios requisitos administrativos y de seguridad antes de hacerse efectiva.
«Estos temas son complejos, eso no se puede hacer de un día para otro. Están involucrados temas de seguridad, temas de preservar la mesa de negociación, temas de no afectar la convivencia en otros centros carcelarios», explicó el funcionario.
Cuervo agregó que «una cosa son las directrices que en un momento determinado adopta, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros y otra es la implementación de las mismas».
El ministro precisó que el procedimiento requiere una petición formal de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ante el Inpec, para que esta entidad determine los pabellones disponibles en Bogotá y coordine el movimiento con la Policía. Indicó además que avanzaban las investigaciones para identificar con claridad a los participantes de la fiesta.
LOS FUNCIONARIOS INVESTIGADOS
La Procuraduría Regional de Antioquia abrió investigación contra el director del penal por presuntas irregularidades en la asignación de turnos durante la Semana Santa de 2026, decisión que se originó tras compulsas de copias dentro del proceso adelantado contra otros 12 funcionarios del Inpec por los hechos del 1 de abril.
El 17 de abril, el Ministerio Público anuló las primeras actuaciones contra 11 servidores al detectar fallas que afectaban el debido proceso, reabrió la indagación, vinculó al subdirector y director encargado del centro, Fabián Leandro León Rodríguez, por presunta falsedad en documento público, y ordenó la suspensión provisional de los 12 funcionarios por tres meses, sin remuneración.
Entre los suspendidos figuran los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas; el intendente Eduardo Parra Ceballos; los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz; y el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia.
EL ORIGEN DE LA FIESTA
El caso salió a la luz el 9 de abril, cuando la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, publicó en la red social X fotos y videos en los que aparece el cantante vallenato Nelson Velásquez interpretando canciones ante un grupo de internos que compartían comida y licor en el pabellón de alta seguridad, donde permanecen recluidos voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá vinculadas a los diálogos de paz urbana con el Gobierno.
«¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez? (…) ¿Qué estarán celebrando en una cárcel de máxima seguridad?», escribió la concejala, quien luego declaró a Blu Radio que en el evento habrían participado voceros de la mesa de paz urbana y que se habría hecho una colecta para financiarlo, con un costo estimado de 500 millones de pesos.
Cuervo reconoció que la actividad no fue autorizada por el Gobierno ni por la dirección del Inpec. «Hubo entrada de licor, de alimentos y de personas que no debieron ingresar. Fallaron los filtros», dijo el ministro, quien calificó el hecho como «penoso» y ofreció excusas en nombre del Ejecutivo.
El jefe de la cartera de Justicia precisó que los internos vinculados a la mesa de diálogo cuentan con un régimen especial de visitas los miércoles y que el grupo musical no ingresó formalmente como tal, sino que habría sido registrado como parte de los visitantes autorizados. «Para que ingresaran estos elementos tuvieron que pasar cosas que las investigaciones deben establecer, incluida una posible corrupción», agregó.
LA MESA DE PAZ URBANA, EN PAUSA
Tras conocerse los hechos, el Inpec removió al director encargado del penal y al comandante de vigilancia, mientras el equipo negociador del Gobierno suspendió la interlocución con los voceros de las estructuras criminales hasta esclarecer lo ocurrido.
A la fecha no hay claridades por parte del Gobierno sobre la reactivación del espacio sociojurídico, en el que figuran alias ‘Douglas’, ‘Lindolfo’, ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’, ‘El Indio’ y ‘Vallejo’, entre otros.
José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, señalado jefe de la Oficina de Envigado y vocero reconocido en el proceso de paz urbana, quien cumple una condena de 32 años de prisión, difundió un comunicado en el que negó cualquier relación con los hechos. En el documento aseguró que el día del evento se encontraba en otro pabellón recibiendo visita familiar, afirmó que no contrató ni tuvo contacto con el artista y pidió que se investigara a los verdaderos responsables.
