La cifra que durante cinco años se grabó como un símbolo inamovible del horror —6.402— quedó desbordada. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó el pasado 28 de abril que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ en Colombia ascienden ya a 7.837, un incremento del 22% con respecto al universo provisional reconocido en febrero de 2021.
La actualización, presentada por el magistrado Pedro Elías Díaz durante una audiencia del Macrocaso 03 celebrada en Apartadó (Antioquia), no solo agrega 1.435 nombres a la dolorosa contabilidad del conflicto armado: trasciende el periodo del expresidente Álvaro Uribe, complica el escenario judicial frente a la cúpula militar y pone a prueba la capacidad del tribunal transicional de cerrar uno de los expedientes más complejos de la historia reciente del continente, antes de que se agoten los plazos previstos en el Acuerdo Final de Paz.
“Estadísticas de homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la fuerza pública entre los años 1990 y 2016 a nivel nacional, clasificados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, corresponden a 7.837 víctimas”, expresó Díaz.
Lo hizo ante familiares y comparecientes que escuchaban en silencio en las veredas Mulatos Medios y La Resbalosa, escenario de la masacre del 21 de febrero de 2005 en la que cuatro adultos y cuatro menores fueron asesinados. El magistrado advirtió que “esa cifra es dinámica conforme avanzan los casos que se abordaron en el Macrocaso 03”.
LA NUEVA METODOLOGÍA: TRES DÉCADAS BAJO LA LUPA
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, explicó que el incremento responde a dos transformaciones metodológicas profundas en el llamado Universo Provisional de Hechos.
“Cuando nosotros aludimos a esa cifra inicial, tomamos un periodo 2002-2008. Pero el GRAI (Grupo de Análisis de la Información) amplió el periodo de 1990 a 2016. Entonces, lo primero es que ya no somos 2002-2008, sino que se amplió hasta el año 1990 y llegó hasta el 2016”, precisó Ramelli en rueda de prensa.
La segunda transformación, agregó, fue el cruce de cinco fuentes que en el conteo original no habían sido consolidadas: los informes presentados por organizaciones de víctimas desde 2018, las bases del Macrocaso 03, los registros de la Fiscalía General de la Nación, las bases de la Procuraduría General de la Nación y los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, además de cerca de 1.000 informes adicionales aportados por familiares.
“Siempre hemos dicho que esa cifra de 6.402 es un universo provisional de hechos, algo que puede cambiar (…) Lo más probable es que incluso esta cifra vaya a aumentar en el futuro”, subrayó el magistrado.
Y es que el conteo, advirtió, corresponde únicamente al Macrocaso 03 y no incorpora aún los datos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que viene realizando audiencias territoriales con responsables no máximos donde “se siguen revelando ejecuciones y desapariciones que nunca han sido investigadas”.
La cifra confirma el subregistro denunciado durante años por las víctimas: la Fiscalía, en su Informe No. 005 entregado a la JEP, había reportado inicialmente 2.248 casos entre 1985 y 2016. El primer ajuste, plasmado en el Auto 033 de 2021 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas (SRVR), elevó la cifra a 6.402 entre 2002 y 2008.
Con el nuevo consolidado, Antioquia se confirma como el departamento más golpeado: 1.932 víctimas, de las cuales 589 fueron documentadas en el subcaso priorizado, con 228 desaparecidas forzadamente, 41 torturadas y 99 personas que aún no han sido halladas.
La JEP identificó cuatro modalidades de victimización: el asesinato de civiles señalados sin pruebas como integrantes o colaboradores de grupos guerrilleros; el engaño mediante falsas ofertas laborales que terminaba con el traslado de las víctimas a regiones distantes para ejecutarlas; el homicidio de combatientes heridos o fuera de combate, y las “ejecuciones oportunistas” para inflar resultados operacionales del Ejército.
La mayoría de las víctimas, según el tribunal, eran jóvenes pobres, campesinos, indígenas, personas con discapacidad o trabajadores informales captados con falsas promesas de empleo.
MÁS ALLÁ DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: UN PATRÓN QUE TRASCIENDE A URIBE
La ampliación del periodo de análisis tiene una implicación política y judicial mayúscula: pulveriza la tesis defendida durante años por el Centro Democrático según la cual los ‘falsos positivos’ fueron episodios aislados o limitados al periodo de la ‘seguridad democrática’.
La nueva radiografía documenta hechos durante los gobiernos de César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002), los dos mandatos de Álvaro Uribe (2002-2010) y el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2016).
El presidente, Gustavo Petro, reaccionó al anuncio en su cuenta de X: “Se eleva a 7.837 la cifra de jóvenes asesinados por la fuerza pública dirigida por el expresidente Uribe y que eran presentados como guerrilleros dados de baja. Este es el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo”.
El mandatario calificó el fenómeno como un “fusilamiento sistemático de jóvenes en el gobierno de la mal llamada seguridad democrática”.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) había sostenido en su Informe Final, presentado en junio de 2022, que las ejecuciones extrajudiciales en su periodo de exacerbación —2002 a 2008— “fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público, para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad”.
El comisionado Alejandro Valencia precisó que el Ejército fue el principal responsable, pero que se “consolidó un entramado de actores estatales y no estatales con diferentes niveles de jerarquía”, en el que participaron grupos Gaula, la Armada, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Justicia Penal Militar y grupos paramilitares.
El presidente de la CEV, padre Francisco de Roux, calificó los hechos como una “monstruosidad”, aunque dejó constancia personal de su desacuerdo con la calificación de “política de Estado”.
“Una política de Estado es una organización de las leyes para avalar algo, en este caso para producir asesinatos. Ninguna ley dice que se vaya a buscar personas inocentes y matarlas”, argumentó.
La JEP fue contundente al señalar el incentivo perverso: la Directiva Ministerial Permanente 029 del 17 de noviembre de 2005, firmada por el entonces ministro de Defensa Camilo Ospina, que reglamentó el pago de recompensas en dinero o especie por capturas y abatimientos en combate de cabecillas guerrilleros y narcotraficantes.
La directiva, secreta hasta su revelación pública en 2008, fijaba pagos que podían superar los 13.000 salarios mínimos legales mensuales por cada “máximo cabecilla”. Las estadísticas de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía muestran que tras su expedición las denuncias por ejecuciones extrajudiciales se dispararon: pasaron de 73 en 2005 a 122 en 2006 y 245 en 2007.
A esa lógica de incentivos se sumó la cultura del ‘body count’ o conteo de cuerpos. La SRVR concluyó en sus primeros autos —el 125 y el 128 de 2021, dictados en los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe— que estos crímenes “no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate’, y sin la estigmatización de la población civil”.
LA CÚPULA MILITAR EN EL BANQUILLO
La JEP ha imputado en el Macrocaso 03 a 148 comparecientes a través de ocho Autos de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC), de los cuales 91 han reconocido su responsabilidad y 1.276 antiguos militares no considerados máximos responsables han sido remitidos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Diecisiete generales han sido vinculados por hechos en las seis regiones priorizadas; cinco han aceptado su responsabilidad. En total, 3.482 miembros de la fuerza pública han suscrito actas de sometimiento ante el tribunal transicional.
*El caso Mario Montoya.* El más emblemático de los altos mandos imputados es el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional (2006-2008) y antes comandante de la Cuarta Brigada (2002-2003).
Tras varios años de versiones voluntarias caracterizadas por la negación, la SRVR le imputó en agosto de 2023, junto a otros ocho militares, 130 ‘falsos positivos’ en el oriente antioqueño. Montoya rechazó en octubre de 2024 los cargos formulados, perdiendo así el acceso a sanciones restaurativas.
El 23 de diciembre de 2025, la Unidad de Investigación y Acusación abrió formalmente investigación por 141 ejecuciones extrajudiciales y 59 hechos criminales atribuidos directamente a su comandancia. Su versión voluntaria estaba próxima a finalizar a comienzos de junio de 2026, según informó el magistrado Óscar Parra Vera, ponente de la fase nacional. Montoya enfrenta una posible sanción ordinaria de hasta 20 años de cárcel.
*Henry Torres Escalante: el general que reconoció.* El mayor general retirado Henry William Torres Escalante, comandante de la XVI Brigada en Casanare, entre diciembre de 2005 y junio de 2007, se convirtió en el primer alto oficial activo en aceptar su responsabilidad.
En la audiencia pública realizada en Yopal, entre el 18 y el 20 de septiembre de 2023, declaró: “En honor a esas 303 personas que murieron entre 2005 y 2008, reconozco mi responsabilidad como máximo comandante. Después de haber conocido todas las atrocidades que se cometieron allá, yo tenía el poder de haberlas parado y, por el contrario, facilité, premié y estimulé que se siguieran cometiendo”.
Torres Escalante apuntó hacia el general Montoya como fuente de la presión: “Mi reconocimiento y responsabilidad se fundamentan por las presiones permanentes que realizaba a mis subordinados, siempre exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las muertes”. Hoy cumple sanción propia mediante un proyecto de reforestación en el páramo de Sumapaz.
*Paulino Coronado y la primera Resolución de Conclusiones.* El brigadier general retirado Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30, junto a cinco coroneles, otros oficiales y un civil reclutador del Catatumbo, son los protagonistas de la primera Resolución de Conclusiones de la JEP, expedida el 21 de octubre de 2022.
Coronado admitió que conoció las denuncias desde 2007: “Admito que este [encuentro] se convocó para responder a las preocupaciones de campesinos catatumberos por las ejecuciones extrajudiciales que unidades adscritas a la Brigada Móvil No. 15 estaban perpetrando en la región”. Reconoció su responsabilidad por “comisión por omisión” y por “no haber investigado para sancionar estas falsas operaciones”.
*Publio Hernán Mejía: la condena histórica.* El 19 de diciembre de 2025, en su primer Juicio Adversarial Transicional, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP condenó al coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez a 20 años de prisión efectiva por 72 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2003 cuando comandó el Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ en Valledupar.
El fallo, de 1.149 páginas, encontró que existió un “Ilegal Aparato Organizado de Poder” articulado con el frente ‘Mártires del Cesar’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por David Hernández Rojas, alias ‘39’. La magistrada ponente, Reinere de los Ángeles Jaramillo, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones otorgadas al condenado, realizar un acto público de petición de perdón en Valledupar y publicar la sentencia en medios de circulación nacional.
*La imputación del Caribe y Huila.* El 8 de abril de 2025, la JEP profirió la mayor imputación individual en el Macrocaso 03: 28 exmilitares —entre ellos los mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, y los brigadieres generales Fabricio Cabrera Ortiz y Adolfo León Hernández Martínez— responsables de 604 ‘falsos positivos’ en siete departamentos de la Costa Caribe entre 2002 y 2008.
Al menos 25 de ellos aceptaron por escrito su responsabilidad. Entre las víctimas figuran 31 indígenas wiwa, wayúu y kankuamo, 26 menores de edad y 14 mujeres, una de ellas embarazada. En el subcaso Huila, la JEP imputó a 35 militares por 200 asesinatos, incluyendo al general retirado Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, comandante del Ejército Nacional entre 2014 y 2015. En Meta, fueron imputados 30 integrantes del Ejército, entre ellos tres generales retirados —Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Francisco José Ardila Uribe y Carlos Eduardo Ávila Beltrán— por 209 homicidios y 65 desapariciones forzadas.
LAS VOCES DE LAS MADRES
A las afueras de cada audiencia, frente a los muros donde aparece el mural “¿Quién dio la orden?”, la lucha de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO) sigue siendo la brújula moral del proceso.
Jacqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo Peña —desaparecido en Soacha el 10 de agosto de 2008 y hallado dos días después en una fosa común de Ocaña, Norte de Santander—, ha repetido durante 18 años una pregunta que aún no encuentra respuesta plena: “Queremos que altos mandos nos den la cara, que nos cuenten qué pasó con nuestros familiares, que nos cuenten quién dio la orden”.
Tras la actualización de la cifra a 7.837, Castillo declaró que el dato confirma “que sí fueron hechos reales y no casos aislados como se habló en el 2008”.
Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez Romero, asesinado en 2008, rechazó la propuesta de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia de nombrar a Álvaro Uribe ministro de Defensa en un eventual gobierno.
“Acá nos damos cuenta de que no es como decía (Miguel) Polo Polo, como decían otras personas o como dice la señora Paloma, de que esa cifra no era viable, pues la JEP nombró que son más de 7.834 personas y esto es una realidad que hay en nuestro país. No es justo porque él estaba en ese momento cuando pasó lo que pasó con los falsos positivos y no hay derecho de que él siga queriendo mandar el país, a través de otra persona”.
MAFAPO, en su cuenta oficial, calificó la propuesta de “burla”.
Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras Bernal —joven con discapacidad cognitiva asesinado el 12 de enero de 2008 por miembros de la Brigada Móvil 15—, ha mantenido una postura crítica frente a la justicia transicional.
Tras la primera Resolución de Conclusiones del subcaso Catatumbo, Bernal advirtió: “No todas las víctimas estamos de acuerdo con esta decisión. Sospechábamos entonces y ahora confirmamos que la JEP solo nos traería más impunidad, abriendo el camino para anular las pocas sentencias obtenidas en la Justicia Ordinaria tras tantos años de lucha”.
Su caso fue el primero reconocido judicialmente como crimen de lesa humanidad por el Tribunal Superior de Cundinamarca, que en 2014 condenó a los responsables a penas de hasta 55 años.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), MAFAPO y otras organizaciones firmantes hicieron público en mayo de 2024 un comunicado donde expresaron “preocupación e incertidumbre frente a la actual situación en la JEP de los casos de ejecuciones extrajudiciales, debido a que los pocos avances que este estamento ha presentado ante la opinión pública han sido realizados a costa de los derechos de las víctimas y sin garantizar su participación”.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) saludaron, en cambio, la condena a Mejía Gutiérrez como “un hito en la justicia transicional” y reclamaron a la SRVR que extienda la priorización a otros departamentos como Tolima, Santander, Valle del Cauca y Putumayo, donde aún no se han abordado patrones macrocriminales documentados.
EL CIERRE DE INVESTIGACIONES: A CONTRARRELOJ
El magistrado Óscar Parra Vera, encargado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, ha confirmado que el tribunal entró en su fase nacional, en la que se busca identificar responsabilidades en niveles superiores —comandos conjuntos, divisiones, cúpula del Ejército y Comando General—. “Hemos iniciado el llamamiento de comandantes del Ejército de esa época. Se convocó al general Reinaldo Castellanos, quien no pudo comparecer por motivos de salud. También se ha llamado al general Montoya (…). Asimismo, hemos convocado a diversas instancias, dependencias y funcionarios del alto mando militar con responsabilidades a nivel operativo, de inteligencia, de la Inspección General del Ejército”, precisó Parra. Cerca de siete comandantes de división han sido convocados.
El 17 de abril de 2026, en Bogotá, la SRVR escuchó las observaciones de víctimas de Boyacá, Arauca, Cundinamarca, Tolima y Santander en el marco de la fase nacional. La magistrada Catalina Díaz Gómez ha sido enfática frente a quienes no aporten verdad plena.
“Queremos reiterar que la Constitución que nos rige exige la verdad completa, detallada y exhaustiva”, reclamo. El magistrado Ramelli no descartó que los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos puedan rendir declaración voluntaria en el expediente.
Las sanciones propias —el componente más novedoso del modelo restaurativo— ya se materializan. En febrero de 2026, el Tribunal para la Paz emitió la primera sentencia por ‘falsos positivos’ en la Costa Caribe, imponiendo entre 5 y 8 años de sanciones propias a 12 ex integrantes del Batallón La Popa que reconocieron 135 hechos.
Estas sanciones, monitoreadas por la Misión de Verificación de la ONU, no implican prisión sino restricciones efectivas de derechos y libertades, e incluyen los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR): proyectos de reforestación en el páramo de Sumapaz, intervención del polideportivo Brisas del Polaco en Ocaña, parque memorial de las víctimas, salón de exposición en el Museo de la Memoria, cátedras en escuelas militares y placas conmemorativas en Bucaramanga, Gamarra, Aguachica y Soacha.
Pero el reloj corre. La JEP ha advertido que entre 2026 y 2027 se prevé el cierre de los macrocasos de la Sala de Reconocimiento. Hasta ahora, el tribunal ha recuperado 67 cuerpos en intervenciones forenses en la región Caribe, ha identificado 14 y entregado dignamente 13. La primera entrega digna fue la de Óscar Alexander Morales Tejada, recibida el 18 de junio de 2024 por su madre, María Doris Tejada, integrante de las Madres de Soacha.
UN HORIZONTE DE TENSIONES
La actualización del Universo Provisional a 7.837 víctimas llega en un momento de polarización política en plena campaña presidencial 2026. El Centro Democrático y sectores de la oposición han cuestionado la metodología de la JEP, mientras candidatos como Iván Cepeda, del Pacto Histórico, sostienen que “Uribe, antes que ser cualquier ministro o aspirar a cualquier cargo público, debe responder ante la justicia por los miles de falsos positivos que se perpetraron bajo sus dos gobiernos”.
El reto institucional es mayúsculo. La cifra final podría seguir creciendo conforme avancen las versiones territoriales. La Comisión Colombiana de Juristas, en sus boletines del Observatorio sobre la JEP, ha advertido sobre los “desafíos que plantea una comunicación jurídica densa y poco accesible en un contexto que exige centralidad de las víctimas”.
Dejusticia ha señalado que “la ejecución de las sanciones es un desafío enorme. Esto no está exclusivamente en manos de la JEP, sino que necesita el involucramiento y el compromiso del Gobierno Nacional y de las entidades territoriales”.
Mientras tanto, en una vereda de Apartadó, frente al lugar donde fueron asesinados cuatro niños y cuatro adultos hace 21 años, la magistratura de la JEP escuchaba las versiones de diez ex militares. Y en un comunicado posterior, MAFAPO recordaba —como han venido recordando durante casi dos décadas— una verdad que ahora la cifra de 7.837 reafirma con dolor: “Padre nuestro que estás en el cielo… santificado sea tu nombre… no eran guerrilleros y no era que estuvieran recogiendo café”.
La promesa de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que dio origen a la Jurisdicción Especial para la Paz se mide hoy frente a 7.837 nombres. La cifra, advierte la magistratura, todavía no es definitiva.
La pregunta que durante 18 años ha repetido Jacqueline Castillo —”¿Quién dio la orden?”— sigue resonando en cada audiencia. Y la respuesta, antes del cierre de las investigaciones, definirá si Colombia es capaz de saldar, ante sus víctimas y ante la historia, una de las heridas más profundas y sistemáticas cometidas por agentes del Estado en las Américas en este siglo.
BOGOTÁ, (Colprensa).-
