En Colombia, la infancia indígena está desprotegida.
Bajo la excusa de la cultura, la autonomía y el temor del Estado a intervenir, se han normalizado situaciones que vulneran gravemente sus derechos. Se ha instalado una idea peligrosa: que existen contextos en los que la ley no aplica por igual y que la protección de los niños puede postergarse.
Sin embargo, los derechos de la infancia no son negociables. No dependen del origen, la tradición ni la jurisdicción. Pese a ello, la realidad demuestra lo contrario. En nuestro país se permite que los niños sean expuestos al peligro, utilizados como instrumentos de presión y sometidos a prácticas que los destruyen, mientras el Estado duda, evade o, simplemente, mira hacia otro lado.
Los hechos son claros y estos son apenas algunos ejemplos de una realidad sistemática:
• Primero. El pasado 29 de abril, un grupo de la comunidad Emberá retuvo a 1.200 personas durante siete horas en el Ministerio del Interior, bajo la amenaza de palos y machetes. En medio de la tensión, varios niños fueron utilizados como escudos humanos, arrastrados y expuestos al riesgo.
• Segundo. El primero de mayo, durante una manifestación en Medellín, arribaron vehículos tipo «chiva» con comunidades indígenas en condiciones que cualquier autoridad debería sancionar: sobrecargados, con personas de pie, colgadas de las estructuras o incluso en el techo. Sin cinturones, sin controles y sin las garantías mínimas de seguridad para los menores de edad.
• Tercero. En los territorios, amparándose en la autonomía, se han tolerado prácticas como la mutilación genital femenina. Colombia es el único país de América Latina donde se ha documentado este procedimiento como parte de una tradición. Se registran más de 200 casos oficiales en los últimos años, además de un subregistro incalculable de niñas que mueren desangradas en el silencio. Sin registro. Sin Estado.
Hoy, el Senado de la República tiene en sus manos la votación final del proyecto de ley que busca prohibir esta práctica. No es un trámite más: es la prueba de si el país está dispuesto a proteger a las niñas o a seguir justificando lo injustificable. Que su aprobación peligre por falta de tiempo es, en sí mismo, un mensaje de desidia.
Frente a esto, surge siempre la misma trampa: instrumentalizar la cultura o la autonomía como excusa para la inacción. Seamos claros: la cultura no ampara la violencia contra un menor de edad, ni su uso como escudo humano, ni el incumplimiento de normas básicas de seguridad. La cultura no legitima ninguna vulneración de derechos.
La autonomía no es un fuero para la barbarie.
La jurisdicción indígena tiene un propósito legítimo, pero posee límites infranqueables: el interés superior de los niños y la prevalencia de sus derechos. Esto es innegociable. Quien viole a un niño, debe ir a la cárcel. Quien lo use como escudo humano, debe ir a la cárcel. Quien permita prácticas que destruyan su integridad, también. Sin excepciones.
Porque cuando el Estado duda, abandona; y cuando abandona a la infancia, fracasa como sociedad.
La barbarie no es tradición. Con los niños no se metan.
*Exdirectora del ICBF
