La operación del ferry en el municipio de Salamina, continúa generando controversia entre autoridades locales, ambientales y el operador del servicio, luego de la decisión adoptada en agosto de 2025 por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag).
En este sentido, la autoridad ambiental ordenó la suspensión de los puertos ubicados en el punto histórico “La Granja” y el traslado de la operación a un sector alterno en el kilómetro 3.5, como medida preventiva bajo el principio de precaución ambiental. Como consecuencia, esta determinación modificó la dinámica de conectividad fluvial entre los departamentos de Magdalena y Atlántico, con repercusiones en la movilidad regional.
A partir de lo anterior, la Alcaldía de Salamina ha advertido dificultades asociadas a la capacidad y funcionamiento del nuevo punto de operación. Según la administración municipal, el sitio provisional ha resultado insuficiente para atender la demanda, lo que ha generado filas de hasta tres horas, retrasos en la prestación del servicio, incremento en los costos logísticos del comercio y afectaciones en el abastecimiento debido al uso de vías alternas en mal estado.
Por esta razón, el municipio declaró la calamidad pública mediante el Decreto 01 del 18 de marzo de 2026, con el propósito de activar mecanismos de atención urgente. Asimismo, solicitó a la Gobernación del Magdalena la instalación de una mesa técnica que permita evaluar las condiciones para una posible reapertura del punto histórico de “La Granja”.
De manera paralela, el operador Transdier S.A.S. ha señalado una reducción significativa en la operación del servicio. En detalle, la empresa informó que los trayectos diarios pasaron de 16 a 6, mientras que la movilización de vehículos disminuyó de cerca de 300 a aproximadamente 100. Igualmente, reportó que los tiempos de cruce aumentaron de 8 a cerca de 40 minutos, debido a las condiciones del nuevo punto de embarque y a la mayor distancia operativa.
Por otro lado, el operador ha sostenido que el puerto histórico ha funcionado por más de seis décadas sin evidencia concluyente de afectaciones ambientales, argumento que contrasta con la decisión tomada por la autoridad ambiental.
El caso continúa en análisis por parte de las entidades involucradas, en medio de llamados a una revisión técnica integral que permita determinar el futuro de la operación del ferry en esta zona del Caribe colombiano.
