El decreto por el cual se ordena a los fondos privados de pensiones el inesperado y brusco traslado de $ 25 billones a Colpensiones de los ahorros de quienes van a tener la condición de pensionados en el futuro pero que aún no la tienen, hace recordar el dicho aquel del general Maza: “vamos fusilando mientras llega la orden”.
El decreto es ostensiblemente ilegal. Basta leer la norma vigente (artículo 76): “los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo seguirán siendo administradas por las administradoras de fondos de pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior”
La norma será seguramente anulada por el Consejo de Estado. Pero mientras tanto habrá generado un desorden monumental en el ahorro de los colombianos concernidos. Que son aquellos que hicieron uso de la ventana de oportunidad que les dio la ley para pasarse de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Esta última no cuenta con una infraestructura de tesorería lo suficientemente robusta para administrar eficientemente esta enorme cantidad de recursos. Y dado el precario plazo que señala el decreto, va a generar un grave desorden mientras tanto en el mercado de capitales. Todo en demerito del ahorro privado.
El gobierno ha dado una justificación equivocada: dice que la propiedad de estos ahorros seguirá en cabeza de quienes se trasladen a Colpensiones. Pero eso no es lo que está en discusión. Lo que se controvierte es si un decreto puede violar la ley que hemos citado, que perentoriamente dice que dichos ahorros solamente se trasladarán a Colpensiones cuando se consolide la condición de pensionados en cabeza de los beneficiarios.
El decreto será seguramente anulado por el Consejo de Estado. Eso lo sabe muy bien el gobierno. Pero mientras llega el fallo de la alta corte contenciosa, y como se ha dado un escaso plazo de un mes para efectuar el traslado de los $25 billones, el gobierno resolvió aplicar la filosofía del general Maza: ir fusilando mientras llega la orden.
El monto de la maroma gubernamental no es despreciable: $25 billones significan el doble de lo que puede producir una buena reforma tributaria. Que ahora, de golpe y porrazo ordena que deben pasar del ámbito del ahorro privado a las arcas públicas. No solo violando ostensiblemente la ley sino saltándose al Congreso.
Dos consideraciones finales plantean esta habilidosa maroma gubernamental: primera, que estamos frente a un nuevo atropello del gobierno Petro al Estado de Derecho y a las normas jurídicas; y segunda, que es el resultado desesperado de un gobierno agobiado por la monumental crisis que él mismo ha creado y que lo está llevando a buscar dinero hasta por debajo de las piedras. Así sea llevándose de calle la juridicidad.
Qué curioso: el presidente Petro que a todo le encuentra un culpable distinto de él mismo, no ha desenmascarado el verdadero responsable de este adefesio: la crisis fiscal que lo lleva a actuar atolondradamente.
Estos últimos meses de la administración Petro van a discurrir de sobresalto jurídico en sobresalto jurídico. Ha perdido toda vergüenza. Al expedir un decreto sobre fundamentos completamente erróneos y haciéndolo a sabiendas, ha cometido además lo que en buen romance se llama prevaricato.
POSDATA: Ya escrito este artículo me entero que el Consejo de Estado ha decretado la suspensión provisional del decreto comentado. No podía ser de otra forma. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional son los dos baluartes que quedan para poner freno a los atropellos gubernamentales al Estado de Derecho.
*Exministro de Estado
