La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial hizo un llamado a las instituciones nacionales, regionales y locales para coordinar acciones articuladas que eviten nuevos ataques en el suroccidente del país.
La comisión expresó además su solidaridad con las familias de las víctimas de los hechos de violencia registrados desde la semana pasada en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, que hasta la fecha del comunicado dejan un saldo de 25 muertos y 56 heridos.
En el documento, la Comisión señaló que los acontecimientos «evidencian el riesgo que afrontan las personas que habitan dichos territorios» y pidió que, mediante un «diálogo armónico», las entidades estatales puedan coordinar acciones concretas que protejan la vida y los derechos fundamentales en todo el territorio nacional.
El organismo está conformado por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la fiscal general de la Nación y el representante de los servidores judiciales. En el cierre del comunicado, la Comisión invitó a la ciudadanía a tener «tranquilidad y confianza» en las instituciones y a colaborar con las autoridades en la denuncia de posibles hechos de violencia.
El pronunciamiento se produjo cinco días después del atentado del 25 de abril en el sector El Túnel, zona rural de Cajibío (Cauca), sobre la vía Panamericana que conecta a Cali con Popayán. Hombres armados de las disidencias bloquearon la carretera a las 11 de la mañana y, una hora y media después, con decenas de vehículos represados a lo largo de la vía, activaron un cilindro bomba escondido en la carretera.
El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó 20 personas muertas en ese hecho —15 mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad— y la Gobernación del Cauca reportó 38 heridos, cinco de ellos menores.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, decretó tres días de duelo oficial. «Hemos decretado tres días de duelo en memoria de la población civil a la que le fue arrebatada la vida a causa de la violencia», indicó el mandatario regional en su cuenta de X.
El 28 de abril, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ reconoció en un comunicado su autoría del ataque y lo describió como un «error táctico». El grupo armado afirmó que la acción estaba dirigida contra unidades militares y que en ella «se produjo un lamentable incidente que causó la muerte y heridas a civiles, que no tienen ninguna vinculación con la guerra, muchos de ellos humildes campesinos».
Eduin Capaz, coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), precisó que tres de los 20 fallecidos en Cajibío pertenecían a comunidades indígenas, y que al menos 17 de los heridos en los últimos tres días eran integrantes de pueblos originarios.
Ofensiva coordinada en tres departamentos
Las Fuerzas Militares consolidaron 31 hechos de violencia ocurridos entre el 24 y el 26 de abril en Cauca, Valle del Cauca y Nariño: 22 acciones en Cauca, siete en Valle del Cauca y dos en Nariño. La ofensiva incluyó cilindros bomba, drones cargados con explosivos, granadas, hostigamientos a estaciones de Policía y unidades militares, bloqueos viales, incineración de vehículos y distribución de panfletos.
El comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto, sostuvo que «durante estos dos días en el departamento de Cauca y Valle del Cauca se han presentado 26 acciones terroristas que han afectado a nuestra población civil».
La secuencia comenzó el 24 de abril con el ataque a la Tercera Brigada del Ejército, en el sur de Cali, donde una buseta cargada con explosivos fue utilizada como rampa para lanzar cilindros contra el cantón militar Pichincha. Ese mismo día, otro ataque con cilindros se dirigió contra el batallón Agustín Codazzi, en Palmira (Valle del Cauca). En las jornadas siguientes se registraron ataques con drones contra el radar del Cerro Santana, en El Tambo (Cauca), utilizado para controlar el tráfico aéreo en el suroeste del país, y la explosión de una camioneta cargada en el corregimiento El Plateado, en Argelia (Cauca).
Las autoridades atribuyeron la ofensiva a los frentes ‘Jaime Martínez’, ‘Dagoberto Ramos’, ‘Carlos Patiño’ y ‘Franco Benavides’, adscritos al Estado Mayor Central de las disidencias. El Gobierno ofreció una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información sobre alias ‘Marlon’, señalado como articulador de los ataques, y sobre alias ‘Mi Pez’, identificado como uno de los responsables directos del hecho de Cajibío.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó los hechos como crímenes de guerra y situó la violencia en el Cauca en el marco de las economías ilegales. «El problema es como un iceberg criminal: lo visible son los atentados, pero debajo están las economías ilegales», afirmó el funcionario, quien señaló al Cañón del Micay y al Naya como zonas de intervención prioritaria.
- colprensa
